Soria trasladará a la reforma energética la regla de oro de la 'estabilidad presupuestaria'
(19 jun 2013)
El Ministerio de Industria incluirá en la reforma energética que prevé aprobar antes del verano una batería de mecanismos para garantizar el "principio de estabilidad financiera" en el sistema eléctrico.
Durante su comparecencia en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha detallado algunos de los mecanismos que incluirá la normativa para defender la estabilidad financiera de manera similar a como se ha hecho con "las cuentas públicas". Así, la reforma establecerá el "principio legal" de que "cualquier decisión que implique un aumento de costes del sistema eléctrico" esté acompañada de "una medida de efecto equivalente de los ingresos".
También incorporará "una regla de ajuste automático de los peajes de acceso (con los que se retribuyen las actividades reguladas del sistema, como el transporte, la distribución o las primas a las renovables) ante desviaciones de los precios en el mercado de la electricidad". Según Soria, "se establecerá el principio de revisión (de la retribución de las actividades reguladas) cada cinco años en función de la evolución del ciclo de la economía".
Otras propuestas de Industria al Consejo de Ministros serán la búsqueda del "máximo aprovechamiento de los programas comunitarios" sobre incentivos a la eficiencia energética, así como el impulso a "la mejora de la eficiencia a todas las actividades reguladas". Además, propondrá la "renovación o modernización de instalaciones de generación de energías renovables e infraestructuras asociadas" y, tal y como se había anunciado, la regulación del autoconsumo con balance neto, que permite consumir la energía que se genera y comprar o vender al sistema en caso de necesidad.
Ha insistido en que el déficit de tarifa -desfase entre los ingresos y gastos del sistema eléctrico- está "encauzado" gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno, que permitirán reducirlo este año a unos 4.000 millones de euros, frente a los 10.000 millones que se habrían registrado si no se hubieran adoptado.
Este año ese desfase se cubrirá con medidas extraordinarias -traspaso de los costes extrapeninsulares a los Presupuestos, un crédito de 2.200 millones y consideración de los ingresos por subastas de derechos de CO2-, para resolverse finalmente con los "cambios normativos" previstos para antes del verano. La reforma que el Gobierno aprobará "dentro de poco" incluirá "modificaciones" para que la retribución de las actividades reguladas sea "más adecuada a los verdaderos costes" del servicio.
Con respecto a la minería del carbón, Soria ha defendido que "la opinión del Gobierno es que tenemos que cumplir la decisión de la UE", que implica cerrar las minas no competitivas en 2018, "pero con un matiz", que es intentar que Bruselas autorice que continúen abiertas las que lo sean aunque hayan recibido ayudas. Ha considerado que "claro que merece la pena" autorizar la exploración de posibles yacimientos de hidrocarburos, porque es la "factura energética" la que lastra la balanza comercial española.
Por otro lado, Soria ha abogado por "una política industrial activa", en la que una de las prioridades es dar liquidez a las compañías porque "no hay empresa que se acerque al Ministerio y no diga que tiene un problema de financiación".
También incorporará "una regla de ajuste automático de los peajes de acceso (con los que se retribuyen las actividades reguladas del sistema, como el transporte, la distribución o las primas a las renovables) ante desviaciones de los precios en el mercado de la electricidad". Según Soria, "se establecerá el principio de revisión (de la retribución de las actividades reguladas) cada cinco años en función de la evolución del ciclo de la economía".
Otras propuestas de Industria al Consejo de Ministros serán la búsqueda del "máximo aprovechamiento de los programas comunitarios" sobre incentivos a la eficiencia energética, así como el impulso a "la mejora de la eficiencia a todas las actividades reguladas". Además, propondrá la "renovación o modernización de instalaciones de generación de energías renovables e infraestructuras asociadas" y, tal y como se había anunciado, la regulación del autoconsumo con balance neto, que permite consumir la energía que se genera y comprar o vender al sistema en caso de necesidad.
Ha insistido en que el déficit de tarifa -desfase entre los ingresos y gastos del sistema eléctrico- está "encauzado" gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno, que permitirán reducirlo este año a unos 4.000 millones de euros, frente a los 10.000 millones que se habrían registrado si no se hubieran adoptado.
Este año ese desfase se cubrirá con medidas extraordinarias -traspaso de los costes extrapeninsulares a los Presupuestos, un crédito de 2.200 millones y consideración de los ingresos por subastas de derechos de CO2-, para resolverse finalmente con los "cambios normativos" previstos para antes del verano. La reforma que el Gobierno aprobará "dentro de poco" incluirá "modificaciones" para que la retribución de las actividades reguladas sea "más adecuada a los verdaderos costes" del servicio.
Con respecto a la minería del carbón, Soria ha defendido que "la opinión del Gobierno es que tenemos que cumplir la decisión de la UE", que implica cerrar las minas no competitivas en 2018, "pero con un matiz", que es intentar que Bruselas autorice que continúen abiertas las que lo sean aunque hayan recibido ayudas. Ha considerado que "claro que merece la pena" autorizar la exploración de posibles yacimientos de hidrocarburos, porque es la "factura energética" la que lastra la balanza comercial española.
Por otro lado, Soria ha abogado por "una política industrial activa", en la que una de las prioridades es dar liquidez a las compañías porque "no hay empresa que se acerque al Ministerio y no diga que tiene un problema de financiación".
¡A ver si la reforma tiene en cuenta los problemas creados en la industria fotovoltaica!
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