Los siete mundos de Pintado, por Hugo O' Donnell y Duque de Estrada

Hugo O’Donnell y Duque de Estrada, Duque de Tetuán

Nace en Madrid, 29-X-1948.Duque de Tetuán. Comandante de Infantería de Marina (R). Abogado del Ilustre Colegio de Madrid. Vocal del Patronato del Museo Naval. Vicepresidente de la Comisión Española de Historia Militar y su representante ante la Comisión Internacional de Historia Militar. Académico Numerario de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Miembro electo de la Royal Historical Society del Reino Unido. Correspondiente de las Reales Academias Sevillana de Buenas Letras; de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba; de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, y de la Academia de Historia Naval de Chile. Premio Nacional de Historia correspondiente al año 2000. Premio Santa Cruz de Marcenado otorgado cada cinco años a la mejor trayectoria como historiador enel ámbito de las Fuerzas Armadas (2005). Finalista del Premio Nacional de Historia (2005). Premio «Sabino Fernández Campo» (2014).

Carta a un amigo catalán

Esta es una carta que José Luis Villa (ex Director General de Renfe) ha dirigido a un íntimo amigo catalán Paco Cal, que considero es de gran interés. Os ruego su difusión. 

CARTA A UN AMIGO CATALÁN

  Querido amigo: 
  Como bien sabes, en los más de 60 años que nos conocemos hemos podido hablar de lo divino y de lo humano sin tapujos. El hecho de conocernos desde que éramos adolescentes -período en el que se debate sobre cualquier tema sin cortapisas y hasta con descaro- ha propiciado el que durante toda nuestra larga relación de entrañable amistad hayamos tenido esa complicidad que sólo consiguen las personas que se quieren y entre las que existe una mutua confianza. Así era hasta que los partidos nacionalistas catalanes decidieron acelerar su hoja de ruta independentista, hace ahora unos cinco años. A partir de ese momento este tema empezó a ser tabú entre nosotros y cualquier intento de abordarlo terminaba, ante mis datos y argumentos, en una respuesta evasiva, tipo “tenemos opiniones diferentes”, “no quiero seguir hablando de este asunto” o “tú no puedes entenderlo”. Nuestra relación, antes fluida, se ha hecho incómoda. Desgraciadamente, esta circunstancia se repite actualmente en todos los ámbitos de la sociedad catalana, habiéndose formado dos bandos, “ellos” y “nosotros”, de carácter irreconciliable. ¿Por qué hemos llegado a esta situación de desentendimiento, impensable poco tiempo atrás? ¿Qué ha sucedido para que se produzca esta fractura social de graves consecuencias para Cataluña y para el resto de España? A continuación voy a intentar darte mi versión sobre lo sucedido, que necesariamente será larga, porque el principal problema al que nos enfrentamos en este momento es el del relato, que los separatistas han sabido urdir con falsedades populistas sobre España y los españoles convertidas en eslóganes de fácil digestión, y desmontarlos requiere profundizar más de lo que gente está dispuesta a escuchar o leer hoy en día. Como español me siento ofendido por los ataques recibidos y es difícil para un acusado demostrar su inocencia, por eso la carga de la prueba debe recaer en la acusación, pero en los círculos nacionalistas catalanes se ha subvertido este principio, así que voy a decirte lo que pienso de todo esto que está pasando.
  MI EXPERIENCIA CON EL NACIONALISMO

  Como sabes, llegué a Cataluña con 14 años procedente de Badajoz en  1954 con mi familia, debido a un traslado de mi padre que era funcionario del Estado, y me integré totalmente en la sociedad catalana en muy poco tiempo. Durante diez años tú y yo compartimos los últimos cursos de Bachillerato en el Instituto de Tortosa, la carrera en la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, las Milicias Universitarias en Castillejos, los guateques y muchas cosas más. A pesar de nuestros diferentes orígenes mantuvimos siempre un fuerte vínculo de amistad que no se resintió en ningún momento. 
  Yo había ido a tu tierra con un ánimo excelente, pues toda la información que tenía sobre Cataluña era positiva, y no me sentí defraudado en ningún momento. La acogida de todos mis compañeros del Instituto, y especialmente la tuya y de tu familia, fue extraordinaria y desde el primer momento me sentí integrado en mi nuevo ámbito social. El idioma no era un obstáculo, practicábamos el bilingüismo con absoluta naturalidad, como entonces era habitual, y al poco tiempo de estar ahí ya entendía el catalán. Recuerdo que tu madre me decía: “estoy muy contenta de que mi hijo salga contigo porque así practica el castellano”. En aquella época era el idioma distinguido.
  Estos diez años de mi juventud que viví en Cataluña han sido los mejores de mi vida. Me introduje de lleno en la cultura catalana, participando en aplecs donde bailaba sardanas, jugando al hockey sobre patines- muy popular entonces-, cantando canciones catalanas en coros, degustando el delicioso pa amb tomàquet o siendo periquito. En esa época de la dictadura no hablábamos de política, sólo queríamos aprender y divertirnos, y nos reíamos de los rollos de Marcoval, el profesor de Formación del Espíritu Nacional, con su ridículo patrioterismo. Otro efecto de la dictadura era el hecho de la oficialidad única del castellano en todos los estamentos públicos, especialmente en el educativo –el catalán sólo se hablaba en la familia y en la calle- con la lamentable consecuencia de que los catalanoparlantes erais analfabetos en vuestro propio idioma, algo que repudio. No obstante, la política no formaba parte de nuestras conversaciones porque, aunque asistíamos sorprendidos a toda la parafernalia del régimen fascista, en la que Franco era recibido en Cataluña en olor de multitud y bajo palio, pasábamos de todo eso. Aquí conocí a una catalana con la que me casé años después en Madrid, mientras tú lo hiciste con una aragonesa de nuestra pandilla, con la que también creaste una familia. Los matrimonios mixtos y el mestizaje de la sociedad catalana son datos fehacientes, como demuestra el hecho de que los apellidos más frecuentes en la guía telefónica de Barcelona sean de origen castellano. 
  Cuando abandoné Cataluña en 1964, para trasladarme a Madrid con mis padres e iniciar una nueva etapa de mi vida, yo me sentía catalán, y así lo manifestaba allá donde iba. Ser catalán siempre ha sido en España una marca de prestigio. Después creé mi propia familia y ejercí mi actividad profesional, primero en una empresa de organización y más tarde en Renfe, donde he trabajado durante 32 años. En este período de mi vida tuve la oportunidad de viajar y conocer a fondo todo el territorio español y gran parte de Europa (incluida una estancia de un mes en el Colegio de Europa en Brujas), impregnándome del espíritu comunitario europeo de colaboración y arrumbamiento de antiguas rencillas nacionalistas que tantos millones de muertos habían costado. Mientras tanto, en España superábamos la dictadura, tras la muerte de Franco en 1975, gracias a la generosa visión de los políticos de la Transición, que no quisieron repetir el cainismo de las dos Españas que helaban el corazón al españolito que venía al mundo, según expresión de Antonio Machado. Nuestro país se normalizó políticamente en 1978 con el referéndum sobre la Constitución elaborada por siete juristas –dos de ellos catalanes-  y aprobada por el 88,54% de los votantes, consiguiendo más del 90% en cada una de las cuatro provincias catalanas. Desde entonces nuestra democracia se fue consolidando y quedó homologada definitivamente a partir del intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981, transformando esta amenaza en la oportunidad de recluir a los militares -que tantas asonadas habían protagonizado en la historia de España- en los cuarteles. Ahora el ejército es una de las instituciones del Estado más valorado por la ciudadanía.
  Aparte de mis innumerables viajes por motivos de trabajo, he residido con mi familia  en Valencia, Bilbao, León y Barcelona, ocupando diferentes cargos directivos, hasta 1983, año en el que me destinaron ya definitivamente a Madrid. En todo este tiempo me he encontrado varias veces con el nacionalismo identitario. En Bilbao (1973-1975), como responsable del transporte ferroviario en el País Vasco, Navarra y parte de Castilla, soporté las consecuencias del terrorismo nacionalista protagonizada por ETA con los asesinatos y la kale barroka, sufriendo frecuentes avisos de bomba en los trenes y estaciones que nos obligaban a estar en continua alerta policial, y temeroso de que le pudiera suceder algo a mi familia, puesto que muchos días mis hijas no podían asistir a clase por los disturbios callejeros. Esta amenaza, en mi caso, se repitió años más tarde (1991-1992), siendo director de la construcción y puesta en servicio de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, pues éramos un objetivo de ETA, teniendo que llevar un detector de bombas lapa en mi coche y estando sujeto a contravigilancia policial. Sé muy bien, porque lo he vivido, cuáles pueden ser las consecuencias del nacionalismo exacerbado y la atmósfera ominosa que éste crea, porque en la dinámica acción-reacción y vuelta a empezar la espiral del odio va creciendo exponencialmente. Te recomiendo leer Patria de Aramburu, donde se refleja con una gran fidelidad y dramatismo lo miserable que puede ser ese escenario, al que se llega fácilmente sin advertirlo. Ese cuento chino de que hay pueblos pacíficos que nunca llegarían a la violencia para conseguir sus fines está largamente desmentido por la historia.
  Cuando volví a Barcelona en 1982 como director de Renfe en Cataluña, el panorama que me encontré no tenía nada que ver con el de mi juventud veinte años atrás (lo describo en mi libro Renfe en el diván a cuya presentación asististeis tu mujer y tú). La lucha política era despiadada entre CiU, que regía la Generalitat con Pujol de President, y el PSC, que controlaba las principales ciudades catalanas, empezando por Barcelona con Maragall de alcalde. El independentismo de ERC era entonces residual. Sin embargo, cuando se trataba de exigir prerrogativas al Estado, en seguida se ponían de acuerdo, rivalizando a ver quién pedía más, una costumbre inveterada de las fuerzas políticas catalanas.  
  A lo largo de estos dos años de mi estancia en Cataluña, los principales problemas que tuve no estuvieron relacionados con la gestión ferroviaria, sino más bien con la lengua y la política. Al principio no gustó a las autoridades de la Generalitat que yo no fuera catalán ni hablara catalán –aunque lo entendiera perfectamente- y tuve que plantarme exigiendo respeto. Tampoco pude encontrar un colegio público que impartiera las clases en castellano para mis tres hijas, debiendo realizar éstas dos cursos exclusivamente en catalán. Nada más llegar, los organismos públicos y la prensa me catalanizaron el nombre, empeñándose en llamarme Josep Lluis. En las reuniones institucionales a las que asistía como representante de Renfe (Consorcio de Transportes, Zona Franca, etc.) sólo se hablaba en catalán sin haberme preguntado nadie previamente si lo entendía, ese era mi problema. En un programa de radio abierto a todos los oyentes en los que me hacían preguntas sobre el servicio ferroviario en ambos idiomas -a las que yo contestaba en castellano- el presentador al final me inquirió qué pensaría yo si cuando llegase a mi oficina en la estación de Francia, encontrase una pintada diciendo “queremos directores de Renfe catalanes”. Mi respuesta fue que se daba por supuesto que en la elección para cada cargo debían primar los conocimientos, la experiencia y las aptitudes de cada candidato, con independencia de su origen, y también –esta vez cachondeándome del presentador –que el catalán Ramón Boixadós, entonces presidente de Renfe, y yo habíamos permutado nuestros puestos.

PUJOL

  En esta etapa tuve varias entrevistas con Pujol, en las que lo único que le interesaba era la normalización lingüística de nuestros empleados -es decir, expresarse en catalán, que para él era lo normal aunque la mitad de la población catalana fuera castellanoparlante, y los ferroviarios más por su movilidad geográfica-, y la conexión con Francia en ancho internacional. Ni el español ni España tenían un gran interés para él, y sobre nuestros servicios de transporte no quería saber nada, pues tenía claro que lo trascendente era fer país, un mantra repetido hasta la saciedad, y no quería distraerse con otros temas menos gloriosos aunque estuvieran relacionados directamente con el bienestar de los ciudadanos de a pie como, por ejemplo, las cercanías. 
  Pero ya dijo alguien, con razón, que cuando le hablaban de la patria se echaba la mano a la cartera, así que este personaje, al amparo de su incontestable poder, en su reinado de 23 años (1980-2003) como President hizo y deshizo a su voluntad, tratando a los ciudadanos como súbditos, y  convirtiéndose en el capo mafioso de la sociedad catalana. La saga codiciosa de los Pujol se remonta a su padre, Florencio Pujol Brugat, que aparece en el BOE del 9 de marzo de 1959 –cuya copia obra en mi poder- como evasor fiscal en Suiza por sus trapicheos en el mercado de divisas, eso sí, bien acompañado por varias decenas de otros prohombres de la burguesía catalana, miembros de las doscientas familias que, según Félix Millet -el ladrón del Palau- mandaban en Cataluña. La patria es importante, pero la pela es la pela. 
  Florencio Pujol, junto con su hijo Jordi y Francesc Cabana, cuñado de éste, fundó Banca Catalana precisamente en el mismo mes y año que salía en el BOE. Esta entidad, tras una gran expansión en los años 60 y 70, en los que Jordi Pujol fue un directivo destacado, alcanzó en 1981 el primer lugar en Cataluña y el décimo en el ranking de entidades bancarias españolas. Pero en 1982 entró en una profunda crisis con importante retirada de depósitos, teniendo que ser rescatada con fondos públicos por un montante de 20.000 millones de pesetas, teniendo que ser adquirida por un consorcio formado por la gran banca española en 1983, quedándose el Banco de Vizcaya con el 89% de sus acciones en 1984. Como consecuencia de las irregularidades detectadas por la inspección del Banco de España –departamento en el que trabajaba mi padre-, la Fiscalía General del Estado instó una querella criminal contra los antiguos directivos de Banca Catalana –entre ellos Jordi Pujol, que había cobrado antes de la bancarrota 84 millones de pesetas de indemnización y había vendido las acciones familiares por 25 millones de pesetas- por apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas. 
  El 31 de mayo de 1984 Pujol, tras ser nombrado nuevamente President de la Generalitat por su mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del 29 de abril, salió al balcón de la plaza de Sant Jaume, envuelto metafóricamente en la senyera, para denunciar la “jugada indigna” del Gobierno de Felipe González, añadiendo que “con Cataluña no se juega”, ante las aclamaciones de miles de personas congregadas en aquel lugar. Al final se llegó a un apaño político entre el Gobierno central y la Generalitat y se archivó la causa, en contra de la opinión del fiscal anticorrupción Jiménez Villarejo, que todavía anda diciendo al que quiera escucharle cómo los administradores de Banca Catalana se habían forrrado vaciando en 500 millones de pesetas las arcas de la entidad, desviando fondos a una caja B, mientras se arruinaban los pequeños accionistas y los españoles acudíamos con más de 500 pesetas por habitante a su rescate. Y en contra de lo que pregona el relato supremacista de los nacionalistas –Cataluña es eficiente y España es un desastre, y además nos roba- esta jugada se ha repetido con el rescate de Catalunya Caixa en 2012 que ha costado a todos los españoles 12.676 millones de euros, siendo el más caro de todos –incluido el de Bankia- y ha supuesto una aportación de 270 € por español. 
  Si a lo anterior le añadimos los escándalos generalizados del 3% que beneficiaron al partido de Pujol y a casi todos sus miembros destacados, los negocios fraudulentos de sus hijos amparándose en el poder de su padre, la confesión de éste en julio de 2014 sobre sus cuentas millonarias en paraísos fiscales no declaradas, y los diferentes casos de corrupción de todo tipo juzgados y sentenciados en Cataluña, la conclusión es evidente: Cataluña ha sido la Comunidad con más corrupción de toda España, como muestran los datos facilitados por el Presidente del CGPJ en enero de 2017, indicando que en los cinco trimestres comprendidos entre julio de 2015 y septiembre de 2016, en Cataluña se enviaron a juicio por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y otros conexos a 303 personas, siguiéndola Andalucía con 153 y Madrid con 145. ¿Es todo esto casual? ¿Tendrá la culpa España, como siempre? 
  La respuesta la da  Álvarez Junco, uno de los mejores historiadores actuales, nacido en Viella en 1942, en un artículo aparecido en El País el 4/9/2014, titulado Nacionalismo y dinero (te recomiendo su lectura, está en Internet). En él retrata al nacionalismo catalán y, tras explicar la motivación principal de sus promotores –la monopolización del poder- añade los dos elementos claves del nacionalismo. Por un lado, el corporativismo típico de las sociedades tradicionales, donde un grupo o sector social defiende sus intereses particulares, anteponiéndolos a los principios de justicia, al interés general y a los posibles perjuicios a terceros, y oponiéndose al libre mercado; y por otro, el clientelismo, que es un intercambio extraoficial de servicios y favores –principalmente, prestaciones a cambio de lealtad a la causa- entre los poderes públicos y ciertos grupos sociales que se benefician con prestaciones y subsidios, en un sistema caciquil donde se utilizan las instituciones del Estado como si fueran sus fincas privadas. El autor considera que la corrupción es una prolongación natural de estas dos características de la política nacionalista catalana de Pujol, cuyo principal objetivo es asegurar el control del territorio para los integrantes de la tribu, los de siempre, los catalanes pata negra con muchos apellidos autóctonos. Así se explica que todos los Consellers destituidos por la aplicación del artículo 155 tengan apellidos catalanes cuando los más comunes en Cataluña sean de raíz castellana. Naturalmente, de vez en cuando aparece en este mundo nacionalista algún apellido no catalán, como Sánchez (ANC) o Rufián (ERC), pero están ahí de muestra para aparentar algo de lo que presumen pero que tanto carecen, la transversalidad, a condición de que extremen mucho su entusiasmo para hacer méritos.  
  Pujol, omnipresente en Cataluña durante su mandato, consiguió -utilizando ingentes recursos-  la implantación del nacionalismo identitario en todos los estamentos de la sociedad catalana, al mismo tiempo que realizaba un discurso de hombre de Estado en Madrid. Con esta táctica dual y contradictoria –apoyo a los gobiernos centrales para la gobernabilidad de España y, al mismo tiempo, debilitamiento del Estado en Cataluña- fue avanzando en su misión de potenciar el sentimiento nacionalista y conseguir la aversión de los catalanes hacia el Estado español, culpable de todos los males de Cataluña, intentando extender este sentimiento identitario a los llamados Països Catalans. 
PROGRAMA 2000

  Mientras los sucesivos Gobiernos centrales engordaban las competencias de la Generalitat a cambio de sus votos en el Congreso y miraban para otro lado sobre lo que sucedía en Cataluña, Pujol había trazado desde el principio de su largo mandato unas líneas estratégicas, expresadas en 20 folios, llamado Programa 2000 –revelado por el periodista José Antich el 28 de octubre de 1990 en El País con el titular “El Gobierno catalán debate un documento que propugna la infiltración nacionalista en todos los ámbitos sociales”- donde se decía que “Cataluña es una nación discriminada que no puede desarrollar libremente su potencial cultural y económico” y preconizaba la búsqueda de la soberanía mediante la sensibilización ciudadana hacia el reforzamiento del alma social catalana y el control por los adeptos de todas las actividades que pudieran reforzar la causa nacionalista, mediante un programa básico para la “construcción nacional” de Cataluña, que se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Este plan se proyectaba en el ámbito educativo sobre diferentes aspectos estableciendo los objetivos y sus actividades principales. La finalidad básica era “impulsar el sentimiento general catalán de los profesores, padres y estudiantes” y, entre otras, figuraban la siguiente actividad fundamental: “Catalanización de los programas de enseñanza. Análisis previo y aprobación del contenido por parte de personas responsables y de confianza”. Los objetivos funcionales declarados en este documento eran el control de la educación “vigilando la composición de los tribunales de oposición al profesorado” para que los educadores cumplan lo estipulado en la doctrina nacionalista y “reorganizar el cuerpo de inspectores de forma que vigilen la correcta cumplimentación de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza”. 
  También preconizaba el dirigismo en la información y opinión “introduciendo gente nacionalista en todos los puestos claves de los medios de comunicación” y ocupándose de que “la formación inicial y permanente de los periodistas y de los técnicos de comunicación garanticen una preparación con conciencia nacional catalana”; la promoción de organizaciones patronales, económicas y sindicales catalanas y el diseño de “una estrategia para optar a los cargos directivos de las instituciones financieras”; la “incidencia sobre la administración de justicia y las fuerzas de orden público con criterios nacionales”, revisando los mecanismos de acceso y promoción del funcionariado; la toma de conciencia de la sociedad catalana, mediante la exaltación de los supuestos agravios antiguos y actuales infligidos por España, difundidos a través de la enseñanza y los medios de comunicación públicos y subvencionados; y, en fin, la penetración en el tejido social (centros docentes, colegios profesionales, entidades deportivas y culturales, agencias de noticias, asociaciones patronales y sindicatos) de personas adeptas. Estaba sentando las bases de lo que después ha desembocado en el llamado procés para conseguir la independencia.
  Ya en 1976 Pujol había escrito un libro sobre la inmigración en el que decía. “el andaluz es un hombre destruido y anárquico… si por la fuerza del número llegase a dominar Cataluña, introduciría una mentalidad anárquica y pobrísima, es decir, su falta de mentalidad”. Este tipo de manifestaciones xenófobas las he oído frecuentemente a lo largo de mi vida en Cataluña y han sido emitidas recientemente por separatistas con cargos institucionales, que se supone debían ser neutrales porque representan a todos los catalanes, como Forcadell, diciendo que los que no votan a secesionistas no son catalanes;  Junqueras, escribiendo que los catalanes se parecen genéticamente a los franceses, italianos y suizos, mientras que los españoles son como los portugueses; o Turull manifestando que los que no iban a votar al referéndum eran súbditos y los que iban ciudadanos. Puro supremacismo sin atisbo de democracia, pues ésta tiene como base fundamental el respeto exquisito a todas las personas, con independencia de su condición personal u opción ideológica.
  Pujol estableció un ideario, común a todos los partidos nacionalistas y a las sectas religiosas, consistente básicamente en la exaltación de los rasgos diferenciales, el adoctrinamiento en las escuelas; la fabulación de mitos nacionales que han configurado un pueblo único; la demonización de un enemigo inventado que humilla permanentemente a ese pueblo; el fanatismo de creencias emocionales inmunes a la realidad y a los razonamientos; la subversión de las palabras y los conceptos generando un neolenguaje orwelliano; la creación de medios de comunicación públicos y la  subvención a los privados para la defensa de su causa; la fundación y  alimentación con abundantes recursos a sociedades civiles como ANC y Òmnium Cultural, entre otras, para desplegar en todo el territorio el agitprop (agitación y propaganda) separatista; la coacción a los disidentes internos tachados despectivamente de antipatriotas y calificativos más humillantes; y la promesa de la tierra prometida cuando consigan redimirse. Todo ello, además, acompañado por una cuidada escenografía de masas que ni los nazis habían conseguido en su día, y una actividad frenética en las redes sociales donde una legión de trolls replican permanentemente fake news. El nacionalismo ha aprendido del populismo, tan extendido hoy en día por las redes sociales, a mentir descaradamente sin ningún rubor generando la denominada posverdad, que consiste en decirle a la gente lo que quiere oír, con independencia de su grado de realidad. Voy a extenderme ahora sobre cada una de estos objetivos preconizados por Pujol en su Programa 2000.

L’ESCOLA CATALANA

  Empezaré con la exaltación de los rasgos diferenciales. Desde el primer momento, los nacionalistas catalanes tuvieron claro que, para sus propósitos identitarios había que potenciar sus peculiaridades culturales (fiestas populares, tradiciones y costumbres) y, especialmente, el idioma, pues en definitiva es el más importante atributo específico de Cataluña (compartido con los valencianos y los baleares) y consideran la lengua como la forjadora de la nación catalana, aunque para su imposición tengan que vulnerarse los derechos del 50% de la población castellanoparlante, marginándoles en la enseñanza y en el ámbito público. Los catalanes son bilingües, pero Cataluña debe ser monolingüe para los fanáticos de la uniformización. Es sorprendente que los nacionalistas demanden respeto a la diversidad, pero ellos no lo tengan en su propio territorio.
  En abril de 1983, viviendo yo en Barcelona, se aprobó la Ley de Normalización Lingüística de Cataluña, después corregida y aumentada por la Ley de Política Lingüística en 1998, donde se establece el catalán como lengua oficial en la administración pública y la enseñanza, y vehicular en el resto de los ámbitos, mientras que el castellano –idioma común de todos los españoles –queda relegado, de hecho, a ser una lengua tolerada por imperativo legal. Ya entonces, los de Òmnium Cultural y la Crida me perseguían para que estableciera el catalán como lengua única en la Renfe catalana, pero yo me los quité de encima estableciendo el bilingüismo en trenes y estaciones.                  
  Partiendo del hecho histórico de la prohibición franquista del catalán en los organismos públicos de Cataluña durante la dictadura, la Generalitat y las organizaciones civiles reivindicaron lógicamente el restablecimiento de su uso a todos los niveles. Pero lo que era una demanda totalmente justa para conseguir que la lengua y cultura catalanas volvieran al lugar que les correspondía, se ha convertido en la imposición del catalán como lengua exclusiva de Cataluña, marginando a la otra lengua, el castellano, hablada por la mitad de los catalanes. Cataluña jamás ha sido monolingüe como se pretende ahora. Las autoridades catalanas se han pasado al otro extremo de la injusticia siguiendo ese propósito obsesivo de remarcar la identidad, utilizando el idioma- instrumento de comunicación- como elemento de segregación y de desistimiento de las nuevas generaciones hacia España. Lo más sangrante es que, con su cinismo habitual, dicen que es lo mejor para la cohesión social cuando ellos están quebrando esa cohesión continuamente. Y todo ello obviando el deseo de la mayoría de la población, manifestada en los años 90 (ya han dejado de hacerse encuestas) de una enseñanza bilingüe, como hacen todos los territorios con más de un idioma. Todo esto es absurdo porque Barcelona es la sede de la mayor industria editorial española en castellano, idioma utilizado por el resto de España, con la que Cataluña tiene fuertes lazos afectivos y comerciales, de los que se beneficia con un superávit de casi 18.000 millones de euros anuales. 
  También es perjudicial para los niños cuya lengua materna es el castellano pues, como está demostrado, este cambio tiene efectos negativos en sus funciones cognitivas, y para los que tienen como lengua materna el catalán, porque se les priva del dominio de una lengua hablada por 500 millones de personas en todo el mundo – que ahora no tienen en su mayoría, digan lo que quieran decir las autoridades educativas catalanas y, como muestra, basta ver un conocido vídeo de Clara Ponsatí, Consejera de Enseñanza de la Generalitat, en el que es incapaz de terminar una frase en castellano- cuando si la enseñanza fuera bilingüe, podrían adquirir un buen nivel de ambos idiomas con absoluta naturalidad y sin esfuerzo. Ignacio Morgado, catedrático de Psicobiología de la UAB explica -basándose en experimentos realizados en EEUU con niños y adultos-  que cuando los niños de corta edad aprenden uno o varios idiomas, los alojan en un determinado lugar del cerebro especializado en reproducir su fonética con exactitud, mientras que si los aprenden cuando son más mayores, el lugar del cerebro donde se instalan es diferente y pierden esa habilidad. También enseña que el multilingüismo aumenta la inteligencia social y empatía de los individuos y retrasa los procesos neurodegenerativos en la vejez. Todos estos perjuicios son conocidos por las autoridades educativas catalanas, pero va en contra del pensamiento único de la lengua como palanca de la diferenciación, oponiéndose con uñas y dientes a cambiar el modelo actual, aunque para ello tengan que vulnerar la ley, como está sucediendo.   
  Una tesis doctoral realizada por la Universidad de Cambridge en 2006 mostraba que el profesorado en Cataluña era bastante más nacionalista que la media de la población, así que no es de extrañar que este hecho, unido a las consignas políticas de la Generalitat, haya conducido, no solamente a la imposición del catalán, sino también  al adoctrinamiento ideológico en las escuelas y universidades, ya evidente en los últimos tiempos. Como he explicado en páginas anteriores, la catalanización de la enseñanza era un objetivo básico del Programa 2.000 y teniendo en cuenta la autonomía completa de la Generalitat en esta materia y los recursos que ha manejado en el plano económico, normativo y organizativo está claro que este programa se ha implantado en su totalidad. Está acreditado con numerosas pruebas documentales y testificales que la escuela catalana imparte materias -como la historia o el conocimiento del medio- gravemente tergiversadas, promoviendo tareas, murales, pancartas y banderas sectarias que alimentan el odio a España. Esta concepción identitaria excluyente es consustancial al sistema educativo catalán desde que se transfirieron estas competencias a la Generalitat. Y ya hemos visto a lo que puede conducir este constante lavado de cerebro tras los últimos acontecimientos turbulentos recientes, en los que los niños están siendo descaradamente aleccionados en las escuelas con una visión secesionista de estos sucesos y los jóvenes estudiantes protagonizan la ocupación de las calles sirviendo de fuerza de choque y carne de cañón del independentismo. 
  Es evidente la importancia que para los nacionalistas ha tenido la fabricación en las escuelas de buenos catalanes cuyo nexo común es el odio a España y a todo lo español y la costumbre de llamar “español” a todo lo malo. A eso lo podemos llamar adoctrinamiento, aleccionamiento, adiestramiento o lo que se quiera, pero el resultado en la imposición del pensamiento único está delante de nuestras narices. La filósofa alemana de origen judío, Hannah Arendt, autora de Los orígenes del totalitarismo que ella había sufrido en la Alemania nazi, dejó escrito que “el propósito de la educación totalitaria nunca ha sido infundir convicciones, sino destruir la capacidad para formar alguna”. Esto mismo lo resumió El Roto, conocido humorista gráfico, publicando una viñeta hace años en El País -en plena campaña terrorista de ETA- donde se veía una puerta en una calle con el cartel de IKASTOLA encima, y un letrero en la puerta que rezaba: “Prohibido hablar en español y pensar en cualquier idioma”. ¿Habrá que aplicar esto a l’escola catalana?

LOS MITOS HISTÓRICOS

  Me referiré ahora a los mitos victimistas al uso –que se enseñan en las escuelas de Cataluña- para justificar la existencia de una nación catalana humillada y la aversión a España por este motivo. Recuerdo que Raimon Martinez Fraile, historiador de formación y miembro del PSC, que acompañó a Merçé Sala como responsable de la comunicación en su época de presidenta de Renfe –en mi etapa en esta empresa he tenido dos presidentes catalanes-, me contaba que, siendo concejal de cultura del Ayuntamiento de Barcelona, se había inventado casi todas las tradiciones milenarias de los barrios barceloneses.  Creo que la historia de los pueblos se presta a mucha manipulación y, en contra de lo que dicen los historiadores sobre que hay que conocerla para no repetirla, pienso que los humanos somos tan obcecados que, aun conociéndola, la repetimos, tal como está sucediendo estos días. 
  Pero es que, a la velocidad vertiginosa con que suceden los acontecimientos en el siglo XXI, con espectaculares avances tecnológicos en todos los órdenes de la vida moderna, es absurdo fijarse en lo que haya podido suceder en tiempos pasados, porque las variables de entorno son totalmente diferentes, sin extrapolación posible. La historia no puede guiar la gestión actual de nuestra sociedad cuando, por ejemplo, Google ha creado una máquina de inteligencia artificial, AlphaGo Zero, capaz de ganar fácilmente al campeón mundial de Go, el juego de estrategia chino con más variantes que el ajedrez, a base de generar ella misma las mejores jugadas posibles partiendo de cero. Cuando las máquinas de inteligencia artificial puedan sustituir ventajosamente a los humanos a cualquier nivel, algo muy próximo en el tiempo, ¿no deberíamos ocuparnos de lo que se nos viene encima en lugar de perder el tiempo con las rancias historias de nuestros ancestros?, y ¿no sería mucho más útil unir fuerzas para mejorar el bienestar de nuestros conciudadanos o combatir  las amenazas mundiales de, por decir algunas, el terrorismo yihadista, el cambio climático, las pandemias virales o la amenaza nuclear, olvidándonos de antiguas rencillas, que algunos se empeñan en reavivar por su propio interés? Tú y yo, que somos de ciencias, sabemos que el conflicto creciente produce el caos, aumentando la entropía y disminuyendo el trabajo útil. Cataluña ahora está sumida en el caos y el monotema separatista está consumiendo casi toda la energía del sistema. 
  A pesar de mi convicción de que el pasado apenas nos ayuda a resolver ninguno de los formidables retos del presente y del futuro, y menos si es utilizado para desunir como hacen las fuerzas separatistas catalanas, voy a ocuparme a continuación de relatar algunos episodios históricos relevantes de Cataluña para desmontar las falacias del independentismo, cuyo grado de  tergiversación histórica ha llegado al ridículo. Para muestra basta conocer las aportaciones hechas al simposio, celebrado con motivo del tricentenario de la caída de Barcelona, llamado “España contra Cataluña: una mirada histórica (1714-2014)” organizado por el Institut d’Estudis Catalans de Barcelona, institución vinculada al Departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, calificadas por grandes  historiadores catalanes y del resto de España como “infantil y maniqueo”, “acientífico”, “alegato a favor de una causa” y según García Cárcel, catedrático de Historia Moderna y Contemporánea de la UAB y Premio Nacional de Historia 2012, experto en el tema, “objetivamente repudiable por la historia seria y objetiva”. 
  Otro ejemplo de esta reinvención de la historia son las conferencias dadas por el historiador Cucurull (hay vídeos en Internet), integrante del Institut Nova Historia y miembro del secretariado de la ANC, donde demuestra que Colón, los hermanos Pinzón, Américo Vespucio, Cervantes, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola y otros insignes personajes eran catalanes; que el descubrimiento de América se financió con dinero catalán y las tres carabelas partieron de Pals (Girona); que el Quijote fue escrito originalmente en catalán; y que Cataluña ya era una protonación hace 2.700 años porque es un pueblo que procede de los tartessos, asentados entonces en la actual Tortosa. Lo curioso de sus conferencias es que los espectadores lo atienden con absoluta seriedad y asentimiento en lugar de arrojarle tomates.  
  Si nos remontamos a la historia de épocas anteriores al siglo XX, tan manipulada por la historiografía nacionalista para la creación de supuestos agravios y mitos fraudulentos, las fuentes solventes e imparciales nos dicen que Cataluña nunca fue un Reino ni un Estado, estando su territorio incluido en el Reino de Aragón, fundado en 1035 y ligado al condado de Barcelona por la boda de Petronila, hija del rey Ramiro II de Aragón y el conde Ramón Berenguer IV. El hijo de ambos, Alfonso II heredó ambos títulos en 1164. A finales del siglo XV se formó la Monarquía Hispánica por la boda de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. En el siglo XVII Cataluña se rebeló contra el Reino de España (1640) en la guerra dels segadors, terminando en manos del Reino de Francia, que trató a los catalanes mucho peor que el Reino de España, regresando en 1652 a formar parte de nuestro país, aunque esta aventura se saldó con la pérdida del Rosellón, que se quedó en Francia para siempre. En el siglo XVIII Cataluña volvió a las andadas en la Guerra de Sucesión (no de Secesión como tergiversan los nacionalistas), colocándose la mayor parte del territorio catalán (no todo) a favor del pretendiente a la Corona española Carlos de Austria (también lo hicieron otras ciudades del resto de España, como Madrid y Toledo), pero ganó el otro pretendiente francés Felipe de Anjou, tomando Barcelona -defendida por Rafael Casanova y sus seguidores- el 11 de septiembre de 1714. En la última arenga de este Conseller en Cap le pidió a los defensores: “derramar gloriosamente su sangre y vida por su Rey (Carlos III), por su honor, por la Patria y por la libertad de toda España”, muriendo de muerte natural en Sant Boi del Llobregat en 1743, 29 años después. En esta otra aventura, España perdió Gibraltar y Menorca, que se anexionó Inglaterra, aunque después se recuperó esta última. 
  Como he dicho al principio, estos dos episodios históricos, sucedidos hace siglos, en un sistema político y social predemocrático, en el que los reyes, la nobleza, la milicia y el clero imponían sus prerrogativas, no puede ser una referencia para los tiempos actuales, ni deben servir de precedente para ningún tipo de reivindicación, porque, con una memoria selectiva victimista, todos los territorios podrían reclamar algo. En Europa se ha superado esta clase de conflictos históricos, que tantos millones de muertos ha ocasionado, creando la Unión Europea, que, además, nos hace más fuertes en el mundo competitivo actual. 
  En épocas más recientes, entre 1808 y 1814, Cataluña participó, defendiendo a España (Dios, Patria y Rey, era su lema), en la lucha contra la invasión napoleónica, en la que tuvieron un papel fundamental para interceptar los suministros del ejército invasor al resto de España. Los episodios de las guerrillas populares, los sitios de varias ciudades como Lérida, Gerona y Manresa o la leyenda del Tambor del Bruch, muestran esta defensa de España por los catalanes, que no querían ser gabachos. Además, en 1812, los 16 diputados catalanes firmaron la I Constitución Española en Cádiz, siendo el primer Presidente de las Cortes, votado por la mayoría, un catalán ilustre, D. Ramón Lázaro de Dou y de Bassols. Naturalmente, en la historiografía oficial independentista no encaja esta parte de la historia de Cataluña, porque demuestra la fidelidad de este territorio a España, echando por tierra el imaginario creado por ellos de que los Decretos de Nueva Planta -dictados por el rey Felipe V un siglo antes- eliminando los fueros e instituciones catalanas, habían acarreado una desafección de Cataluña hacia España. Además, respecto a estos Decretos hay que aclarar que, ya en el siglo XVI, los castellanos habían perdido sus fueros al vencer el emperador Carlos I a los comuneros de Castilla en la batalla de Villalar, siendo decapitados los cabecillas Padilla, Bravo y Maldonado. 
  Lo que hizo el rey Felipe V aboliendo los fueros de los territorios del Reino de Aragón fue trasladar el modelo de Estado francés a España, centralizándolo y modernizándolo que, lógicamente, supuso el rechazo de las élites que conformaban los brazos (nobleza, milicia y clero) constituyentes del Antiguo Régimen medieval, que querían seguir mangoneando el territorio a su antojo, más o menos como se pretende ahora. Vicens Vives, para mí el mejor historiador catalán aunque no sea del agrado de los nacionalistas por su objetividad, dejó escrito que Felipe V “desescombró un anquilosado régimen de privilegios y fueros” en Cataluña. Por eso precisamente, a partir de este momento, esta región consiguió el liderazgo económico convirtiéndose en la fábrica de España, sin duda debido a la laboriosidad y espíritu empresarial de sus habitantes, pero también al proteccionismo aduanero dictado por el Gobierno central –especialmente en la industria textil- que le permitía vender toda su producción en nuestro país a un precio muy superior al que se hubieran vendido los tejidos ingleses sin aranceles. El Diario de Sesiones de las Cortes refleja desde el siglo XIX la constante del proteccionismo catalanista poniendo a prueba sus diputados la estabilidad del Gobierno de turno cada vez que se debatía sobre la conveniencia del librecambismo, aduciendo la defensa de la industria nacional, pero obviando que a los españoles les salían más caros sus productos. Parece evidente que, tanto en el siglo XIX con el proteccionismo arancelario gubernamental, como en la época del desarrollismo franquista con la importación de mano de obra barata del resto de España, Cataluña obtuvo claros beneficios en forma de transferencias de rentas hacia esta región, típico comportamiento económico de una metrópoli con sus colonias, al contrario de lo que dicen ahora los nacionalistas pretendiendo que Cataluña ha sido una colonia de España aunque la realidad económica ha ido en sentido contrario.   
  También son conocidos los importantes negocios que tuvieron durante el siglo XIX muchos catalanes en Cuba en virtud de las concesiones del Gobierno de Madrid, gracias a los denostados Decretos de Nueva Planta que permitieron a los catalanes comerciar con las colonias españolas en América a través del puerto de Barcelona y, por otro lado, la gran cantidad de navieros catalanes que se dedicaron al tráfico de esclavos, primero legal y después ilegal, entre África y Cuba, de tal forma que muchos autores consideran que el enriquecimiento de estos personajes sirvió para financiar en Barcelona el Ensanche, la Exposición Universal de 1888, el primer ferrocarril español entre Barcelona y Mataró (Miquel Biada, su promotor, era esclavista), el parque Güell y la Colonia Güell (Joan Güell era esclavista), así como la Maquinista Terrestre y Marítima, la Compañía Trasatlántica Española, el Banco Hispano Colonial y la Compañía General de Tabacos de Filipinas, todas ellas prósperas entidades fundadas por los empresarios catalanes en Cuba y por los traficantes de esclavos.
  Muchos historiadores defienden que el carlismo, tan arraigado en Cataluña en el siglo XIX, ha sido un factor determinante en el origen del nacionalismo catalán (y vasco). El apego a las tradiciones forales, el integrismo religioso, la lucha contra el Madrid liberal de Isabel II y ese deseo de bilateralidad en las relaciones con el poder central, influyeron en su día en el fracaso de la Primera y de la Segunda República. Lo sorprendente es que el carlismo, origen del ideario nacionalista mantenido por muchas familias catalanas durante varias generaciones (Lluís Llach tiene unos interesantes antecedentes al respecto), luchó al lado de Franco en su Cruzada –la Comunión Tradicionalista de los requetés- y se unieron con los falangistas para formar el conglomerado FET y de las JONS (Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista), ideario político del Movimiento Nacional fascista. Estos antecedentes franquistas no tienen mucho que ver con el nacionalismo periférico.  
  Al mismo tiempo que la economía catalana se veía favorecida por estas aportaciones exteriores y la industrialización progresaba, se produjo el impulso de la cultura catalana por parte de las élites intelectuales, dando nacimiento a lo que se denominó la Renaixença, el renacimiento de la lengua, literatura e historia de Cataluña. El profesor Marfany ha publicado recientemente un ensayo titulado Nacionalisme espanyol i catalanitat. Cap a una revisió de la Renaixença, en el que se argumenta que la misma burguesía que alimentaba este movimiento también apoyaba el nacionalismo español para justificar las políticas proteccionistas y fomentar, a la vez, el intercambio comercial con otras zonas de España.  El punto de partida de la Renaixença fue la Oda a la patria de Aribau en 1833, publicada en El Vapor, diario en castellano defensor del proteccionismo a la industria catalana. Con la creación posterior de los populares Jocs Florals, que ensalzaban el sentimiento de catalanidad a través de los poemas presentados a concurso, se inició el camino de exaltación patriótica conectada con el romanticismo alemán de Herder que equiparaba lengua y patria. El espíritu del pueblo (volksgeist) inspirará toda la obra de este filósofo alemán, considerando como tal las fuerzas creativas que habitan inconscientes en cada pueblo, manifestándose en creaciones propias, sobre todo en la lengua, pero también en la poesía, la historia y el derecho. Curiosamente, esta idea, aparecida en la segunda mitad del siglo XVIII y que fue el origen de los totalitarismos del siglo XX, era contraria a la Ilustración, que preconizaba la igualdad entre los hombres. 
  Mientras este halo romántico del catalanismo iba calando en la sociedad, la pérdida de Cuba en 1898 fue un duro golpe para los intereses de las clases dirigentes, que se había opuesto hasta ese momento a su autonomía, incluso enviando muchos soldados catalanes a combatir contra la insurrección cubana (de ahí viene la afición a las habaneras en Cataluña, sobre todo en el Maresme y la Costa Brava). Este desastre para España, cuya decadencia la hizo sumirse en un pozo de pesimismo, lo aprovechó nuevamente la burguesía catalana  para pasar, de un día para otro, de considerar a Cuba una odiada provincia separatista traidora a ser un modelo envidiado de secesión. Esta repentina cubanofilia se plasmó en la estelada, diseñada por el marino Vicenç Albert Ballester en 1918, inspirada en la bandera cubana, y en que el coronel Francesc  Macià, que más tarde sería Presidente de la Generalitat, se instalase en Cuba y en octubre de 1928 presidiera en La Habana la Asamblea Constituyente del Separatismo Catalán que aprobó la constitución de la futura República Catalana.
  En la novela, basada en hechos reales, La verdad sobre el caso Savolta de Eduardo Mendoza, se cuenta la lucha cruenta entre la clase obrera y la burguesía empresarial en la convulsa Barcelona posterior a la Primera Guerra Mundial- en la que los industriales catalanes ganaron mucho dinero con la neutralidad española- que precedieron a la llegada de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) -siendo capitán general de Cataluña y estando apoyado por la Lliga Regionalista catalana- en cuyo período combatió el separatismo, eliminó las redes caciquiles de compra de votos y consiguió la paz social reduciendo drásticamente el número de atentados y el pistolerismo de los años anteriores. La política económica de Primo de Rivera fue proteccionista y expansiva, creándose monopolios como CAMPSA, la Compañía Telefónica de España, la Tabacalera y la Lotería Nacional, y desarrollando un excepcional plan de carreteras y el fomento de la red ferroviaria. La burguesía catalana y vasca estuvo encantada con el dictador porque fue extraordinariamente favorecida. Primo de Rivera falleció en París dos meses después de su dimisión en enero de 1930, aquejado de una diabetes que arrastraba desde mucho tiempo atrás, sucediéndole la dictablanda del general Balaguer, que duró poco más de un año, y a éste el almirante Aznar, hasta el advenimiento de la República el 14 de abril de 1931, como consecuencia de la victoria en las principales ciudades españolas de las candidaturas republicanas en las elecciones municipales.    
  En la Segunda República, el comportamiento del Gobierno catalán, presidido por ERC, fundada en 1931, no pudo ser más desleal. El 14 de abril de 1931, día de la proclamación de la República tras la abdicación de Alfonso XIII, Francesc Macià, aprovechándose de la lógica confusión del momento,  proclamó por su cuenta desde el balcón de la Generalitat la “República Catalana”. Tuvieron que acudir de urgencia tres ministros del nuevo Gobierno central para disuadirle de tal disparate prometiéndole la aprobación en Cortes del primer Estatuto de Autonomía para Cataluña, que sería después rubricado por Acalá-Zamora, Presidente de la República, el 15 de septiembre de 1932. Este Estatuto, continuador de la Mancomunidad de Cataluña creada por Prat de la Riba en 1914 para agrupar a las cuatro Diputaciones Provinciales en un órgano administrativo con visión unitaria -que fue suprimido por Primo de Rivera en 1925- era una antigua reivindicación de las fuerzas políticas catalanas. 
  La tramitación del anteproyecto, denominado Estatuto de Nuria, confeccionado por la Diputación Provisional catalana –estableciendo la ciudadanía catalana, declarando el catalán como única lengua oficial, fijando el derecho de autodeterminación, abriendo la posibilidad de incorporar otros territorios y un largo etcétera de 52 artículos-  y aprobado por el 99% de los votos de los catalanes emitidos en referéndum, tuvo que ser adecuado a la Constitución española en las Cortes. La discusión en el Congreso fue larga y tormentosa, pues la inmensa mayoría de los diputados, entre ellos los liberales Ortega y Gasset y Unamuno, se opusieron al texto recibido e incluso a la Autonomía catalana, pero fue Azaña, Presidente del Gobierno, quién, arriesgando la continuidad de su Gobierno y su prestigio personal, apoyó decididamente la existencia del Estatuto, considerándolo un instrumento útil para avanzar en el diseño de una legislación autónoma catalana. Desmintiendo las protestas de muchos nacionalistas por la rebaja realizada al anteproyecto inicial, al eliminar su carácter soberanista, cuando Azaña fue a Barcelona a presentar el Estatuto fue recibido con una cerrada ovación. Años más tarde, tras haber defendido con uñas y dientes la Autonomía catalana, éste se quejaba amargamente en sus Diarios de la traición de los políticos nacionalistas, especialmente de Companys.  
  En diciembre de 1933, Companys relevó a Macià por el fallecimiento de éste y, a pesar de que Cataluña ya tenía su Estatuto de Autonomía con la Generalitat, el Parlament y todas las atribuciones transferidas, los conflictos con el Gobierno central no cesaron y se incrementaron cuando Lerroux, conocido como el Emperador del Paralelo barcelonés, pasó a presidir en Madrid un Gobierno de derechas en diciembre de 1933. El Parlamento catalán había aprobado la Ley de Contratos de Cultivo que garantizaba a los aparceros la explotación de las tierras durante un mínimo de seis años, pero la derecha catalana pidió al Gobierno central que lo recurriese ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, que en junio de 1934 falló en contra de esta Ley. Este hecho fue considerado por ERC como un ataque a la autonomía catalana, proclamando Companys solemnemente, de nuevo en el balcón de la Generalitat, “L’Estat Catalá de la República Federal Española” el 6 de octubre de 1934, presionado por los sindicatos y las fuerzas izquierdistas revolucionarias. El capitán general de Cataluña, general Batet – que posteriormente, 18 de febrero de 1937, fue condenado a muerte por un Tribunal Militar y fusilado por no secundar el alzamiento de Franco-  sofocó la rebelión en 10 horas, tras un balance de 46 muertos. Posteriormente, Companys y los miembros de su Gobierno fueron condenados a 30 años de prisión por rebelión militar y la Autonomía suspendida indefinidamente. El 21 de febrero de 1936, cinco días después del triunfo del Frente Popular en las elecciones legislativas, se aprobó un decreto-ley del nuevo Gobierno presidido por Azaña amnistiando a todos los condenados por los mencionados sucesos y Companys volvió a presidir la Generalitat de Cataluña hasta poco antes del final de la Guerra Civil. 
  Cuando las tropas franquistas ganaron la batalla del Ebro en diciembre de 1938, ya se sabía que la guerra estaba perdida para la República. El 4 de febrero de 1939, Companys -al mismo tiempo que otros dirigentes como Azaña y Aguirre (lehendakari vasco)- salió de España por la frontera francesa, viviendo exiliado en París y la Bretaña hasta que fue capturado y entregado por las fuerzas de ocupación alemanas a las autoridades franquistas en Irún el 29 de agosto de 1940. Desde entonces fue recluido en la Dirección General de Seguridad de Madrid y el 3 de octubre trasladado al castillo de Montjuic, donde fue juzgado por un Tribunal Militar el 14 de octubre de 1940 – casualmente, día de mi nacimiento- y condenado a muerte, siendo fusilado al día siguiente. Tuvo el mismo destino que Batet, su enemigo de 1934, pero así como de éste no se acuerda nadie, a Companys le dedican numerosas calles, plazas y homenajes en Cataluña, olvidando su deslealtad a la República y su fanatismo contra sus enemigos, especialmente contra el clero católico, firmando 400 sentencias de muerte y permitiendo los desmanes de las fuerzas revolucionaria, que llegaron a asesinar a más de 8.000 catalanes durante la guerra civil. Fue un traidor y un pésimo gobernante, pero Franco lo convirtió en un mártir.  
  Respecto a lo que sucedió unos años antes de nuestro nacimiento, que viene marcado por el régimen franquista y éste, a su vez, por los años precedentes del siglo XX, he leído versiones alucinantes, que quieren hacer creer que Cataluña fue sojuzgada por España, como si la dictadura y la guerra civil no la hubieran sufrido todos los españoles, y en algunos territorios con mucho mayor sacrificio que en Cataluña. En nuestra etapa juvenil, la dictadura nos intentó inyectar en vena la epopeya de la llamada Cruzada y la de la denominada España eterna, aunque con poco éxito. La verdad es que yo, aun siendo jovencito y sin referencias, nunca terminé de creerme aquella parafernalia épica en una atmósfera constreñida de beatos hipócritas y espíritu cuartelero. Sólo cuando pude acceder a libros solventes e imparciales como La guerra civil española de Hugh Thomas en los años 60 -que tuve que leer en francés porque estaba prohibido en España- y, posteriormente, otros de Paul Preston y Antony Beevor con el mismo título, pude conocer la realidad de lo que había sucedido. 
  Otra fuente de información ha sido el testimonio directo de mis padres. A mi madre, con 18 años, le pilló la Guerrra Civil en Madrid, soportando ella y todos los madrileños un cerco de 33 meses sin comida, sufriendo enfermedades, con bombardeos continuos por tierra y aire, con los quintacolumnistas disparando en las calles y los milicianos haciendo las sacas para depurar a los sospechosos de desafección o supuestos infiltrados fascistas, matándolos en los cementerios o en cualquier cuneta. Mi padre, madrileño, fue reclutado forzoso desde el principio y estuvo, entre otras, en la batalla del Ebro (julio a diciembre de 1938) como soldado raso defendiendo a Cataluña y lo que quedaba de la República hasta que, vencida la resistencia, tuvo que huir en desbandada hacia Barcelona. A mi suegro, oficial médico de la Marina republicana, le condenaron a muerte en la base naval de Cartagena al acabar la guerra y le conmutaron después la pena capital exiliándolo a un pequeño pueblo pesquero catalán, donde ejerció la medicina hasta su jubilación.  
  Con estos testimonios de mis mayores –padres, abuelos, tíos- y mis lecturas de historiadores imparciales tengo una idea bastante aproximada de lo que sucedió en nuestra terrible guerra civil e incivilizada y lo cierto es que durante la mayor parte de ella, en el territorio catalán apenas se combatió contra las tropas franquistas, salvo para mantener el frente de Aragón (sólo hubo un intento frustrado de reconquistar Mallorca), y las luchas cruentas que tuvieron lugar se produjeron entre los propios catalanes para tomar el poder en Cataluña, inmersos en una atmósfera prerrevolucionaria protagonizada por los anarquistas (FAI y CNT), los comunistas de diferente signo (PCE, POUM, PSUC) y los nacionalistas (ERC). El libro de George Orwell Homenaje a Cataluña, describe fielmente estas luchas intestinas. 
  Por eso, cuando leo o escucho a los historiadores (muy abundantes) de cabecera del nacionalismo catalán –que después se reflejan en los libros escolares o en las lecciones de algunos profesores- me doy cuenta de la desvergüenza que puede llegar a tener esta gente con tal de seguir alimentándose del pesebre nacionalista. Ni el levantamiento de Franco fue contra Cataluña, sino contra la Segunda República Española de 1931; ni Cataluña fue ajena a este golpe de Estado, pues hubo muchos catalanes  que lo financiaron, apoyaron y combatieron con Franco (entre ellos, los carlistas); ni fueron los catalanes los que más desdichas sufrieron, pues hasta la batalla del Ebro el territorio catalán apenas había entrado en guerra porque los frentes bélicos estaban alejados; ni los catalanes en general fueron después desafectos al Régimen franquista, pues Franco se paseaba por Cataluña en olor de multitud, y cuando se alojaba en el palacio de Pedralbes en Barcelona, los miembros de la burguesía catalana le iban a besar la mano haciendo cola (esta pleitesía de muchos catalanes a Franco, igual que se hacía en el resto de España- se diga ahora lo que se diga- no me lo han tenido que contar, yo he sido testigo). 
  Durante el franquismo, Cataluña fue muy favorecida en el aspecto económico, y catalanes como Aunós, Carceller, Gual Villalbí, López Rodó, Samaranch y tantos otros fueron personajes importantes en la toma de decisiones. La Seat, joya de la corona de la industria en aquella época, se instaló en Cataluña, llegándose a realizar en el área de Barcelona un 25% del total de las inversiones del INI. Entre 1955 y 1975, años del desarrollismo, el PIB real de Cataluña creció de 22.617 a 78.118 millones de euros, incrementando su peso sobre la economía nacional del 17,7% al 19,1%, aumentando en este período un 88% el número de trabajadores (de 997.000 a 1.874.000). A este crecimiento contribuyó decisivamente la inmigración de trabajadores procedentes de otras zonas de España, como nos explicaba Francisco Candel en Los otros catalanes. Esos xarnegos, que tanto despreciaba Pujol (y su señora), contribuyeron al enriquecimiento de Cataluña y, especialmente, de las clases altas, que siempre ganan, mande quien mande.
  Este repaso histórico muestra que, en condiciones normales, Cataluña siempre ha sido favorecida por el Estado español, consiguiendo sus élites económicas grandes privilegios para el desarrollo industrial de su territorio y para la generación de negocios en el exterior, mientras sus dirigentes políticos gozaban de una importante influencia en los centros de poder españoles. En la II República consiguió el único Estatuto de Autonomía concedido por el Estado español. Su situación geográfica más cercana al resto de Europa y en la costa mediterránea, unida a la importancia de la ciudad de Barcelona y el espíritu comercial y emprendedor de sus habitantes, le ha conferido históricamente un lugar preminente entre las regiones españolas, siendo considerada en el resto de España como el territorio más avanzado del país. Esta condición ha propiciado que cuando Cataluña ha tenido problemas, éstos han influido poderosamente en la gobernabilidad de toda España, tal como está sucediendo en estos momentos. 
  También es evidente que, a lo largo de la historia, cuando Cataluña ha decidido separarse de España por las bravas la jugada le ha salido mal en todos los casos, perjudicando a todo el país, incluso con pérdida de territorios a favor de terceros. Otra evidencia histórica es que Cataluña ha sido parte integrante de España y ha defendido, llegado el momento, a la Corona española –en la Guerra de Sucesión al rey que no ganó- luchando por España en la guerra contra Napoleón y jugando un papel político decisivo en todo momento en la gobernanza del país. También es cierto que una constante histórica de Cataluña ha sido la permanente presión al Estado español para exigir más poder político autónomo a sus dirigentes y concesiones ventajosas para su oligarquía, que han generado crisis políticas frecuentes entre ambas partes. 
  Desde que se instaló el nacionalismo catalanista al final del siglo XIX, el modus operandi de los líderes catalanes ha sido la amenaza de desafección, e incluso separación, si no se satisfacían sus demandas, generando entre la población un sentimiento de rechazo a España basado en agravios generalmente exagerados o inexistentes. Esta estrategia se llevó al extremo de declarar la independencia de Cataluña en la República, con el final trágico que conocemos, pues, aparte de los sucesos acaecidos en octubre de 1934, este fue uno de los motivos aducidos por los militares rebeldes para el golpe de Estado de julio de 1936 con casi tres años de guerra civil, cientos de miles de muertos y la ruina nacional. La irresponsabilidad y deslealtad institucional de ciertas élites catalanas avariciosas ha sido insuperable en muchos momentos históricos.

HISTORIA RECIENTE

  Ahora voy a referirme de forma sucinta a los últimos acontecimientos  que hemos vivido en democracia, pues, aunque parezca mentira por nuestra memoria reciente, el grado de adulteración que se está produciendo en algunas versiones victimistas sobre nuestra historia democrática es inaudito. Tras la muerte de Franco en noviembre de 1975, el Presidente Arias Navarro pretendió la continuación del Régimen, pero el Rey Juan Carlos, utilizando a los dos personajes más importantes de la Transición, Suárez en el Gobierno y Fernández Miranda en las Cortes, consiguió derogar el sistema político franquista y alumbrar otro plenamente democrático con todas las garantías de un Estado de derecho homologado a los más exigentes del mundo. En este difícil logro todas las fuerzas políticas tuvieron que ceder con gran altura de miras para evitar una crisis de incalculables consecuencias, teniendo que llegar a acuerdos personajes de opuestas ideologías y trayectorias políticas completamente diferentes, todo ello bajo la amenaza de grupos terroristas de extrema izquierda, de extrema derecha y nacionalistas. En diciembre de 1976 se aprobó en referéndum la Ley para la Reforma Política, en junio de 1977 se llevaron a cabo las primeras elecciones democráticas, que ganó la UCD de Suárez, y a partir de este momento se empezó a negociar y redactar entre los representantes de todas las fuerzas políticas la Constitución que, una vez finalizada por consenso, fue sometida a referéndum el 6 de diciembre de 1978 y aprobada por el 87,78% de los votantes. 
  En lo que se refiere a Cataluña, El Presidente de la Generalitat en el exilio, Tarradellas, regresó a España, invitado por Suárez, para hacerse cargo de la Generalitat provisional, emitiendo el 23 de octubre de 1977 desde el balcón de la plaza de Sant Jaume el famoso “¡Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!”. Después, en las elecciones de 1980, Pujol ganó y lo sustituyó en la Presidencia de la Generalitat. Tarradellas, que había vivido media vida desterrado y había presidido con dignidad esta institución durante 23 años, al ver por dónde iba su sucesor, escribió una carta al director de La Vanguardia, publicada el 16 de abril de 1981, contándole su conversación con Pujol donde decía, entre otras cosas: “Manifesté que se había roto una etapa que había comenzado con esplendor, confianza e ilusión el 24 de octubre de 1977, y que tenía el presentimiento de que iba a iniciarse otra que nos conduciría a la ruptura de los vínculos de comprensión, buen entendimiento y acuerdos constantes que durante mi mandato habían existido entre Cataluña y el Gobierno de España”; “Era inevitable la ruptura de la unidad de nuestro pueblo. Esta unidad se produjo desde el primer día que llegué y se mantuvo hasta el último momento de mi mandato”; “Es desolador que hoy la megalomanía y la ambición personal de algunos, nos haya conducido al estado lamentable que nos encontramos y que nuestro pueblo haya perdido, de momento, la ilusión y la confianza en su futuro. ¿Cómo es posible que Cataluña haya caído nuevamente para hundirse poco a poco en una situación dolorosa, como la que está empezando a producirse?; y “Vemos que sus responsables están utilizando un truco muy conocido y muy desacreditado, es decir, el de convertirse en el perseguido, en la víctima; así hemos podido leer en ciertas declaraciones que España nos persigue, nos boicotea, nos recorta el Estatut, nos desprecia, se deja llevar por antipatías hacia nosotros, que les sabe mal y se arrepienten de haber reconocido nuestros derechos…”. Esta carta muestra la visión de futuro que tuvo Tarradellas -un hombre experimentado que había vivido la República y el exilio- sobre el desastre que supondría la política victimista y de enfrentamiento del nacionalismo pujolista. 
  Porque esa queja permanente, ese sentimiento de agravio constante de que hace gala cualquier nacionalista que se precie, y que extiende a toda la población para que se sienta humillada y desee separarse de la arcaica, violenta y opresora Castilla/España es un bulo de considerables proporciones que no resiste el más mínimo análisis objetivo, como he explicado en referencia a la historia antigua y voy a demostrar en nuestra historia reciente. Veamos. Las dos primeras decisiones políticas de calado que tomó Suárez, en contra de la opinión del estamento militar franquista (entonces poderoso)  fueron la legalización del partido comunista de Carrillo en abril de 1977 y la restitución de la Generalitat de Cataluña en octubre del mismo año, trayendo a Tarradellas del exilio. Durante la Transición, el papel de los representantes catalanes (tres de los diez ponentes) fue fundamental para la redacción de los importantes Pactos de la Moncloa, firmados en octubre de 1977, y también lo fue para la redacción de la Constitución (dos de los siete ponentes). En el referéndum de 1978 esta Constitución fue aprobada por el 90,46% de los catalanes, una proporción superior a la del conjunto del país (87,78%). El Estatuto de Autonomía de Cataluña (Estatut de Sau) se adelantó a todos los demás y fue aprobado en referéndum en octubre de 1979 por un 88,15% de los votantes (un 59,7% del censo), tras las manifestaciones en toda España con el lema “libertad, amnistía y estatuto de autonomía”. Parece evidente el cariño de los españoles hacia los catalanes y la satisfacción con la que  éstos recibieron ambas Leyes. 
  En marzo de 1980 se celebraron las primeras elecciones autonómicas ganadas por CiU por mayoría relativa y Pujol se convirtió en Presidente de la Generalitat, apoyado en la sesión de investidura por UCD y ERC. Ya he contado cuál fue la política de este personaje nacionalista con su Programa 2000, obteniendo a lo largo de los 23 años de su mandato cada vez más transferencias -que nunca eran suficientes- y un considerable poder político, social y económico en Cataluña, haciendo desaparecer prácticamente al Estado de su territorio, cuya presencia ha llegado a ser marginal. El método siempre era el mismo: vender apoyos parlamentarios para la “gobernabilidad de España”, según sus palabras, y amenazar con la desafección del pueblo catalán si no se concedían nuevos recursos y cuotas de poder, que a su vez eran utilizados para azuzar la desafección entre la gente. Si el Estado cedía en algo no era valorado porque el autogobierno lo demandaba justamente, y si lo denegaba aparecía inmediatamente el agravio. 
  Cualquier resquicio de conflicto entre los poderes centrales y la Generalitat, normal en las relaciones institucionales, ha sido siempre vendido por los nacionalistas en Cataluña como una ofensa al pueblo catalán, mientras que la contribución de las instituciones españolas a los grandes logros de esta época como, por ejemplo, las Olimpiadas de 1992, que apoyaron todos los españoles y que pusieron a Barcelona en el mapa mundial, era algo que se les debía. Para los nacionalistas, España tiene una deuda ancestral con Cataluña y lo paradójico es que, como ya he contado,  ha sido la oligarquía catalana y, en general, el pueblo catalán el gran beneficiario de las políticas estatales a lo largo del tiempo. 
  En este momento la Generalitat tiene las competencias exclusivas en educación, sanidad, seguridad y muchas otras materias cuya enumeración sería farragosa, y compartidas con el Estado  casi todas las demás funciones de gobierno y recibe un elevado porcentaje de los impuestos, gozando, según los expertos, de mayor autonomía que cualquier otra región del mundo, incluidos los Lander alemanes o los Estados norteamericanos. Pero este autogobierno, gestionado por poderes descentralizados del Estado (Govern, Parlament, etc.) concedidos por las Cortes españolas depositarias de la soberanía nacional, tiene sentido siempre que sus gobernantes sean fieles a la Constitución y al resto de leyes que la desarrollan. En caso contrario, es evidente que estas facultades deben ser anuladas por quiénes se las han conferido, porque la libertad nunca es absoluta y lleva siempre aparejada la lealtad y el respeto a las normas legales. Lo contrario sería de un ventajismo inadmisible.
  El Pacto del Tinell firmado el 14 de diciembre de 2003 entre las fuerzas catalanistas y de izquierdas (PSC, ERC e ICV) supuso un cambio importante de la política catalana, pues por primera vez desde la Transición no iba a gobernar CiU en Cataluña. Los dos puntos más importantes de este acuerdo fueron la elaboración de un nuevo Estatuto –empeño del líder del PSC, Maragall, famoso por sus ocurrencias, a pesar de que en las encuestas sólo un 7% de catalanes lo demandaba- y el rechazo a cualquier acuerdo con el PP catalán (el llamado cordón sanitario). El 20 de diciembre el socialista Maragall tomó posesión como nuevo Presidente de la Generalitat formando gobierno con los republicanos independentistas de ERC y los comunistas de ICV, cuyo conseller en cap fue Carod-Rovira (ERC), que el 3 de enero de 2004 se reunió en Perpiñán con dos miembros de la ejecutiva de ETA -tras haberlo hecho tiempo atrás con Otegi (representante de Batasuna, su rama política)- para solicitar que no atentasen en Cataluña a cambio de su cobertura política a la izquierda abertzale. Este, en mi opinión, repugnante acuerdo, realizado sin conocimiento de Maragall, le supuso la salida inmediata del gobierno catalán, pero no impidió que su partido lo presentara como cabeza de lista de su formación en las elecciones generales de 2004 y lo eligiera como presidente del mismo hasta 2008.
  Inesperadamente, y es posible que debido a la desastrosa gestión del PP sobre los atentados yihadistas de Atocha, en marzo de 2004 el PSOE ganó las elecciones generales y Rodríguez Zapatero fue nombrado Presidente del Gobierno central. En ese momento cayó sobre él un arriesgado compromiso adquirido el 13 de noviembre de 2003 con motivo de un discurso suyo dado en un mitin de la campaña electoral a la Generalitat, donde dijo: “Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán”. No sé si esta promesa fue decisiva para abrir las puertas del Gobierno catalán a Maragall, pero lo que después se vio es que era un boomerang. La elaboración del nuevo Estatut en Cataluña fue muy laboriosa, pues al borrador del tripartito tuvieron que añadir nuevas peticiones de CiU liderado por Mas, para que lo apoyase en el Parlament, que rebasaban los límites constitucionales, entre ellos, la consideración de Cataluña como una nación, el blindaje de las competencias autonómicas, la circunscripción electoral única para Cataluña, el sistema de financiación autonómica y el control de puertos y aeropuertos. 
  El texto enviado a las Cortes fue objeto de varias modificaciones para su encaje constitucional, con muchas negociaciones fuera de la Cámara para que lo aceptase CiU, llegándose a un acuerdo final -del que se descolgó ERC por parecerle insuficiente- que fue aprobado en las Cortes el 30 de marzo de 2006, apoyado por 189 votos a favor y 154 en contra, de los cuales 145 eran de los diputados del PP que se opusieron frontalmente. Posteriormente, en junio del mismo año, fue ratificado en referéndum por los catalanes por una mayoría del 73,24% de los votantes con una participación del 48,85% del censo, es decir, uno de cada tres empadronados. Un mes más tarde el PP –que, como he comentado, había sido marginado por el tripartito en el Pacto del Tinell- presentó un recurso al Tribunal Constitucional denunciando su inconstitucionalidad, que provocó un hecho insólito en democracia: la publicación de un editorial conjunto de toda la prensa catalana (12 diarios), presionando al mencionado Tribunal para que no cambiase el nuevo Estatuto, el 26 de noviembre de 2009. Debido a que un Gobierno del PSOE había suprimido en 1985 el recurso previo de inconstitucionalidad, que habría suspendido la aplicación del nuevo Estatuto hasta que se produjera el dictamen correspondiente, los dirigentes catalanes fueron desarrollando la nueva normativa hasta que en 2010, cuatro años más tarde, dicho Tribunal dictó sentencia anulando 14 y sometiendo a interpretación 27 de los 223 artículos que contenía. En Cataluña estas correcciones, debidamente pregonadas por los medios como un fuerte agravio, sentaron muy mal y dieron alas a los nacionalistas para insistir en sus tesis sobre el carácter represor del Estado español. Pero ¿cuál era la solución? Dejar el Estatuto como estaba habría alimentado el conflicto permanente con el Estado y el agravio comparativo con otras comunidades.
  Con referencia a este episodio bochornoso de la reciente política española no puedo más que acordarme de una frase de Groucho Marx, que refleja la realidad mejor que un ensayo filosófico: “la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”. Yo añadiría: “y cuando a continuación sobreviene la catástrofe, nadie es responsable”. Los dirigentes políticos en general tienen la nefasta costumbre de querer imponer sus prioridades tacticistas aunque éstas no tengan nada que ver con los deseos de la gente. El empeño de Maragall y el tripartito para hacer un nuevo Estatuto no obedecía a ninguna demanda ciudadana (estoy seguro que el 99% de la población catalana no se lo ha leído nunca ni le interesa); el Pacto del Tinell fue un error garrafal en su marginación del PP porque rompió los puentes con un partido que gobernaba España y representaba a más de 10 millones de españoles; la promesa de Zapatero para ganar votos en Cataluña fue una enorme irresponsabilidad y reflejaba un desconocimiento total sobre la realidad política catalana; el PP hizo un alarde de oposición excesivo recogiendo firmas en toda España y aireando su rechazo para ganar votos conservadores; el vodevil que se representó para negociar la redacción del Estatuto en las Cortes, con contactos a varias bandas en las que desaparecía Maragall por un lateral, entrando en escena Mas, mientras Carod-Rovira hacía mutis por el foro, fue poco edificante y más parecida a la obra Los intereses creados de Benavente (que tú y yo representamos en el Instituto) que a una negociación seria; el PSOE había hecho muy mal suprimiendo en 1985 el recurso previo de inconstitucionalidad, porque permitió que el nuevo Estatuto pudiera ser implantado durante cuatro años sin posibilidad de vuelta atrás (después se ha corregido este fallo, de tal manera que ahora, cuando el TC admite a trámite un recurso, queda suspendida la resolución recurrida hasta que se produce la sentencia); el Tribunal Constitucional fue poco diligente permitiendo la incertidumbre política en ese largo período de cuatro años; y, por último, aunque parezca anecdótico, ese extraño unanimismo (unanimidad forzada desde arriba) de los medios catalanes en el editorial de noviembre de 2009 apremiando al Constitucional para que no tocara el Estatut, refleja la enorme capacidad de coacción que puede llegar a tener el pensamiento único en Cataluña. Por lo demás, considero justificado que una Ley, aunque sea aprobada por un Parlamento y ratificada en un referéndum, pueda ser corregida si no cumple con las leyes vigentes. 
  Durante este período de cuatro años (2006-2010) el Gobierno tripartito se había reeditado bajo la presidencia de Montilla (PSC) –que tanto irritaba a la madre superiora Marta Ferrusola por no ser catalán- sustituto de un Maragall desahuciado por su partido.  Este nuevo Govern tuvo una gestión nefasta, duplicando la deuda -14.863 millones de euros en 2006 a 34.697 en 2010 (en 2016 fue de 75.118)- y generando, por motivos diversos, poca confianza de los catalanes por sus disensiones internas, aunque les quedó la excusa –como siempre, cuando los dirigentes catalanes están en apuros- de señalar la culpabilidad del Estado (esta vez personificado en el Tribunal Constitucional) y del supuesto nacionalismo español, representado por el PP. 
  He estado informándome sobre las características de nuestro Tribunal Constitucional, integrado por 12 miembros elegidos 4 por el Congreso, 4 por el Senado, 2 por el CGPJ y 2 por el Gobierno, y tiene unas funciones, composición y sistema de elección de sus componentes semejante al de otros países occidentales, como Alemania, Italia, EEUU y Reino Unido, aunque en estos dos últimos se llaman Tribunal Supremo. En cuanto al nacionalismo español, que tanto mencionan los nacionalistas catalanes para justificarse cuando se miran en el espejo, creo que, afortunadamente, el 23 de febrero de 1981 dejaron de existir los pocos reductos que quedaban. En este momento es testimonial, y protagonizado esporádicamente por grupúsculos airados que aparecen de vez en cuando y que son inmediatamente reprimidos y encausados cuando cometen tropelías. ¿Alguien piensa que si existiese un nacionalismo español fuerte los nacionalistas catalanes podrían haber llegado a tener tanto poder, a tejer esa maraña de complicidades con su causa y a desafiar las leyes impunemente, como vienen haciendo durante cerca de cuarenta años? Si hay algo claro de la evolución política de la España democrática es que la gente, en general, pasa de símbolos patriotas (banderas, himnos, actos solemnes), seguramente por el recuerdo de la época franquista, y piensa más en su bienestar inmediato. Han sido los nacionalismos periféricos los únicos que han continuado con sus entelequias esencialistas y anacrónicas, que tanto distorsionan la vida de los ciudadanos corrientes. Si ahora, 40 años después de la muerte de Franco, aparecen banderas españolas en los balcones –algo que no había visto hasta ahora- es por el hartazgo al continuado ataque de los independentistas, cuya mejor definición de ellos la ha hecho el anónimo preso compañero de celda de Jordi Sánchez, que pidió el traslado para que no le diera la matraca.
  En las elecciones autonómicas de 2010, CiU resultó vencedor y Mas fue nombrado presidente de la Generalitat, encontrándose un panorama desolador de las cuentas heredadas del tripartito, por lo que tuvo que lanzar dos emisiones de los llamados “bonos patrióticos” por un monto total de 5.200 millones de euros con elevados intereses a los compradores (yo adquirí algunos porque eran una buena inversión) y comisiones a los Bancos colocadores, teniendo que garantizar el Estado su devolución. En este momento también empezaron las reducciones de gastos en sanidad, educación y servicios sociales –Cataluña fue pionera en estos recortes- que han supuesto una reducción en el período 2010-2015 del 26% del gasto, equivalente a 5.438 millones de euros. 
  En 2011 la situación del Gobierno catalán era muy comprometida, pues existía un gran malestar por la disminución de las prestaciones sociales y había aparecido el movimiento 15-M con los indignados acampando en la plaza de Cataluña en Barcelona y en otras ciudades del territorio. El 27 de mayo de este año hubo una carga policial de los mossos d’esquadra con porras y botes de humo a estos acampados para desalojarlos, con un resultado de más de 100 heridos, y el 8 de julio se produjo un acoso en la Ciudadela de unos 2.000 indignados a los miembros del Parlament cuando acudían a una sesión del mismo, en la que se vieron a unos diputados diciendo “¡Auxili!” mientras les perseguía la turba, a otros siendo escupidos o empujados, a algunos más resultando manchados con tinta o arrojándoles peladuras de plátano y a Mas llegando en helicóptero. Un lamentable espectáculo que todo el mundo vio reflejado en la televisión.
  Todos los analistas no contaminados coinciden en que esta situación de ahogo político, económico y social de Cataluña, unida a la presión de la justicia sobre CiU por todos los casos de corrupción conocidos -junto a la creencia de un Estado español debilitado por la crisis económica- fue determinante para la huida hacia delante de Mas y su equipo hacia la independencia, y no, como dicen los nacionalistas, la “ofensa al pueblo catalán” del recorte del Estatut que, a nivel de opinión pública –no publicada, que ese es otro tema- no tuvo mayor incidencia. Las preocupaciones reales de la gente eran más pedestres. Este fue el momento en el que Mas decidió quitarse de en medio y dirigir toda su artillería contra el Estado –como si él no formara parte del mismo- con la campaña del “España nos roba” y la exigencia, inasumible en aquel momento por el Gobierno español, del pacto fiscal para Cataluña, equiparable al vasco. La masiva Diada de 2012, calentada desde tiempo atrás por el agitprop (agitación y propaganda) separatista de ANC y Ómnium Cultural, en connivencia con los estamentos oficiales catalanes, fue el comienzo de la etapa de desafío institucional que se ha vivido desde entonces. Las fuerzas catalanistas moderadas se quitaron la careta y se unieron a los independentistas de toda la vida, formando un bloque secesionista que ha orientado su ideología hacia el rechazo y enfrentamiento con España, utilizando todas las herramientas disponibles, con independencia de su legalidad o moralidad, para el objetivo supremo de conseguir la ansiada República Catalana, demandada, según algunos, por los ancestros desde su tumba. Evidentemente, en su imaginario sacralizado, un fin tan sublime justifica cualquier medio. 
  Desde entonces hemos asistido los españoles, un tanto atónitos, a la farsa representada por los nuevos y los viejos independentistas, con las performances de las Diadas anuales cada vez más radicalizadas, los ataques a España, las declaraciones desafiantes de los líderes políticos secesionistas y los alardes de desobediencia a las leyes constitucionales. Además, en estos cinco años se han producido las siguientes consultas. Unas elecciones al Parlament, adelantadas dos años, en noviembre de 2012 en las que CiU liderada por Mas, el convocante, perdió 12 diputados (de 62 a 50) mientras ERC ganó 11 (de 10 a 21). Un pseudoreferéndum denominado “consulta popular sobre el futuro político de Cataluña”, ilegal al ser suspendida por el Tribunal Constitucional, el 9 de noviembre de 2014. Otras elecciones al Parlament en septiembre de 2015, adelantadas en más de un año y llamadas plebiscitarias -“consulta definitiva” según Mas- y convocadas por éste tras reunirse con Junqueras de ERC, Forcadell de la ANC, Casals de Ómnium Cultural, y Vila d’Abadal de la AMI (Asociación de Municipios por la Independencia) -líderes del conglomerado independentista donde se mezclan las instituciones (que debían ser neutrales) con asociaciones partidistas-. En estas elecciones se presentaron unidos CiU y ERC en una agrupación denominada Junts pel Si pretendiendo que una mayoría de votos obtenida por los partidos independentistas supusiera el respaldo a la secesión, pero no fue así, puesto que JxSi y la CUP (Candidatura de Unidad Popular), únicos partidos declarados independentistas, consiguieron en total un 47,8% de los sufragios, aunque sí consiguieron 72 escaños contra 63 del resto de las fuerzas políticas, como consecuencia del sistema electoral que prima los votos rurales sobre los urbanos (en la provincia de Barcelona, donde los votos emitidos representaron el 75% del total, las fuerzas independentistas obtuvieron 39 diputados y el resto 46). Y, por último, otro referéndum de autodeterminación ilegal el 1 de octubre de 2017 que dio lugar a un lamentable espectáculo por el empeño, con toda clase de trucos, de realizarlo por parte de las instituciones y asociaciones independentistas, y la pretensión de evitarlo por la fuerza desde el Gobierno central. 
  Este agotador proces -que entró en barrena desde que Puigdemont sustituyó a Mas como presidente de la Generalitat en enero de 2016 por imposición de la CUP y la radicalidad de ésta se impuso en la hoja de ruta independentista- ha supuesto uno de los mayores desafíos a la democracia española desde su inicio cuarenta años atrás y una quiebra social entre los propios catalanes y de estos con el resto de españoles que, me temo, perdurará muchos años. No es de extrañar la alarma social que ha generado en toda España, llegando a ser el segundo motivo de preocupación en las encuestas, tras el paro.

EL NACIONALISMO Y LA ÉTICA

  Hace años, desde que estuve trabajando en Barcelona en los primeros 80, me empecé a preocupar por la deriva de la sociedad catalana hacia el nacionalismo excluyente que se introducía desde la Generalitat con el apoyo incentivado de algunas agrupaciones civiles. La imposición de la llamada lengua propia marginando a la mitad de la población, el aleccionamiento nacionalista en las escuelas, los ataques a España desde las instancias oficiales, el sesgo nacionalista de los medios públicos y privados subvencionados catalanes, y otros indicios más sutiles que se advertían ya entonces, me han llevado a hacer el seguimiento de este inquietante fenómeno a lo largo de estos años en los que, por mis lazos familiares y por mi casa en Cataluña, he pasado largas temporadas en esa tierra que quiero y siento como mía. 
  Pero esta inquietud se tornó en alarma cuando en 2012 Mas, con todas sus huestes, se pasó al independentismo. Ya por estas fechas, tu mujer me reenvió un correo donde se desgranaba un largo rosario de barbaridades históricas y económicas, que me alteraron por su mendacidad. Me tomé el trabajo de recabar información y contestarlo con datos fehacientes para que se lo hiciese llegar al emisor de esta comunicación, pero su respuesta fue que si lo enviaba “produciría un incendio”. O sea, deduje, se podía hacer de correa de transmisión en un sentido, pero no en el otro para no desentonar. Adolf Tobeña, catedrático de Psiquiatría y Psicología médica de la UAB, menciona en su libro Pasión secesionista estudios de psicobiología realizados para conocer la tendencia grupal al gregarismo, que revelan cómo se comporta un elevado porcentaje de personas cuando en un grupo la mayoría muestra una preferencia, alineándose con esta mayoría aunque no coincidan con su opinión. Si, como sucede en Cataluña ahora, esta postura seguidista te evita muchos problemas y hasta puede ser remunerada con ventajas sociales o económicas, entramos en lo que Noëlle-Neumann, politóloga alemana contemporánea, llama “la espiral del silencio”, actitud adoptada por los disidentes cuando la opinión pública impuesta ejerce el control social y amenaza con el aislamiento a los contrarios, de tal forma que el comportamiento del público está influido por el clima de opinión dominante. Si este clima de opinión se expresa permanentemente en unos medios potentes, el silencio de los discrepantes está garantizado.
  A finales de 2012, “Fulls dels enginyers”, la revista de nuestro Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña insertó un escrito de un colega, llamado Pere Guiu, en el que se mostraba el entusiasmo de la nueva era que nacía con la Diada de ese año, donde se decía, entre otras cosas (traduzco): “Cataluña es un país sometido por España, y ahora está hablando de manera pacífica para recuperar algo que se le arrebató hace tiempo: la soberanía. No celebramos nada, conmemoramos una fecha fatídica, una derrota, a consecuencia de la cual se nos arrebataron muchas cosas, y desde entonces hay expolio permanente que no se para ni en épocas de crisis”. Después, en un tono épico de euforia incontenible, manifestaba que todos los países de Europa, y en primer lugar Alemania, iban a apoyar el nuevo Estado de Cataluña, por lo que era necesario presionar en el exterior para este reconocimiento y aprovechar el impulso iniciando una hoja de ruta realista para preparar la separación amistosa de España. Extrañado, aunque no mucho, por la deriva independentista que tenía ya el Colegio cuando Joan Vallvé –compañero nuestro de promoción y actual vicepresidente de Ómnium Cultural- fue nombrado decano, les escribí un mail protestando por la utilización de este boletín profesional para fines propagandísticos partidistas, y solicitando la publicación de una réplica, que a tal fin les envié escrita en castellano. Mi escrito se publicó en el siguiente número trimestral, pero traducida al catalán sin mi autorización, por lo que les envié otro mail en el que les decía que había constatado la tolerancia cero sobre el castellano. En esta réplica, con un resumen de datos y argumentos semejantes a los utilizados en este texto, terminaba diciendo: “Cuando llegue el desastre, los instigadores, una vez más, harán mutis por el foro”. 
  Como consecuencia de mi hartazgo ante la ola separatista, que cada vez ocupaba más las calles, colocaba más esteladas en los balcones y lugares públicos, propagaba más falacias y eslóganes antiespañoles, presionaba más a los ciudadanos a través de sus asociaciones (ANC, Ómnium Cultural y AMI, entre otras), redoblaba su propaganda en los medios, y desafiaba abiertamente al Estado de Derecho, decidí apuntarme en julio de 2014 a SCC (Societat Civil Catalana) –una Asociación nacida poco antes de esa fecha- formando parte de la agrupación de Les Terres de l’Ebre. SCC reivindica la España de todos, sin exclusiones, que agrupa a los que no quieren elegir entre ser españoles o catalanes, y sostiene que la cultura, lengua u otros rasgos de identidad no deben ser usados como arma arrojadiza para sostener proyectos políticos que dividen y enfrentan a la ciudadanía. Cree que a Cataluña siempre le ha ido bien integrada en España y mal cuando se ha intentado separar, constituyendo la secesión una fractura social de funestas consecuencias y un pésimo negocio. He colaborado con esta Sociedad, integrada por gente –sobre todo jóvenes con criterio propio, que no se han dejado abducir- con diferentes ideologías, desde el socialismo al liberalismo, pero con la idea común de defensa de la España constitucional, la única garante de los derechos de todos los ciudadanos. 
  Hemos participado mi mujer y yo en la Diada alternativa de 2014 en Tarragona y en la gran manifestación del 8 de octubre en Barcelona en defensa de la unidad de España, organizadas ambas por SCC. En esta última, a la que asistieron cientos de miles de personas, vi por primera vez  a la mayoría silenciosa en la calle diciendo ¡Basta! En todos los actos o manifestaciones de SCC se portan las banderas de España y de Cataluña unidas, al contrario de las Diadas oficiales con sus esteladas excluyentes. Porque ya está bien de decir que existe una revolució dels sonriures, pacífica y festiva, cuando estamos asistiendo a la gran ceremonia de la imposición y la división con un objetivo final radicalmente agresivo y unas formas antidemocráticas que pretenden sustituir la democracia parlamentaria por la calle, marginando a más de la mitad de la población. Esa masa coral de las Diadas -muchos de cuyos asistentes son de autocar y bocadillo- perfectamente adiestrada para el show televisivo, sirve de cobertura a los gerifaltes del proces para convalidar su trayectoria de mentiras y actos delictivos, para ocultar los desmanes del corrupto Pujol y su cuadrilla del 3%, para profundizar la fractura de la sociedad catalana, y para abocar a Cataluña a la ruina y al ostracismo internacional. Eso sí, con muchos niños y sus papás sonrientes. Franco habría aprendido mucho de estas entusiastas concentraciones, aquéllas eran más cutres y sin tele, aunque le servían para los mismos fines: justificar en la calle su dictadura en nombre del pueblo español.                     
  Mi firme rechazo en su día al régimen franquista y la creencia de que la democracia representativa, basada en la identidad personal -no colectiva, que no existe- y  la igualdad de los ciudadanos ante la ley, ha demostrado su superioridad ética y funcional sobre cualquier otra forma de gobierno, me obliga a declarar que el nacionalismo es una de las peores lacras de la humanidad, como está demostrado a lo largo de los siglos. A diferencia del patriotismo, que se basa en el amor al terruño, a tu gente y a lo que te es familiar por nacimiento o adopción, el nacionalismo se fundamenta en el odio –necesita un enemigo- que arrastre al resentimiento (eso que llaman sentiment se convierte en resentiment) y te lleve irremisiblemente al secesionismo -la expresión más extrema del nacionalismo- porque no quieres convivir con los que aborreces, que, supuestamente, tanto daño te han hecho. 
  Fernando Savater, filósofo y escritor donostiarra, que sufrió el acoso del terrorismo etarra, dice en una reciente publicación que el secesionismo catalán es antidemocrático, puesto que los portadores de derechos no son los territorios sino los ciudadanos, dueños políticos de cualquier parte de España, motivo por el cual el pretendido referéndum del 1-O es inválido, no por carecer de transparencia, papeletas oficiales, lugares previstos para votar, censo fiable, recuento contrastado y neutralidad de las instituciones catalanas, sino porque los convocantes y participantes carecían de competencias para decidir lo que era de todos; es retrógrado porque se basa en la identidad étnica y en la lengua única –entroncado con el tradicional caciquismo hispánico de los siglos XIX y XX- en lugar de centrarse en los deberes y derechos de los ciudadanos pertenecientes a Estados modernos; es antisocial, puesto que persigue privilegios locales, basados en supuestos derechos históricos, sin importarles los demás, en unos tiempos en los que está demostrado que el bienestar social es irrenunciable y redunda en beneficio de todos; es ruinoso, como se ha empezado a ver con la huida masiva de empresas y otros efectos nocivos para la economía al comprobar la incertidumbre conflictiva que genera; es desestabilizador, por propiciar la aparición de pescadores en río revuelto (antisistemas, hackers, partidos populistas, intereses extranjeros debilitadores, etc.) cuya única finalidad es destruir para medrar; produce amargura y frustración en la sociedad, dejando una secuela de dramas personales, como podemos apreciar preguntando a cualquier catalán con independencia de su tendencia; y crea un peligroso precedente en Europa y en el mundo, por el efecto contagio que puede tener en otras fuerzas disgregadoras que seguirían el ejemplo. Yo añado de mi cosecha que el separatismo catalán ha supuesto una enorme decepción en gente que, como es mi caso, amaba Cataluña y se sentía orgullosa de estar vinculada a ella a través de muchos lazos de afecto y pertenencia. Y esta desilusión no ha sido por el objetivo en sí, que puedo respetar aunque mis ideas estén en las antípodas, sino por los métodos rastreros, falaces e indecentes –y no me refiero solamente a las vulneraciones legales- que se han utilizado en todo este proceso. Los medios han sido mucho más rechazables que los fines. 
  Por último, me parece inmoral la utilización de los niños y jóvenes para aportar masa y griterío a actos ilegales, para rellenar las performances de las Diadas o para portar mochilas con la estelada. Los infantes no deberían ser involucrados en cuestiones políticas, para cuya comprensión y crítica es necesaria la madurez que no tienen. Además, como ya he dicho, el adoctrinamiento escolar –l’escola catalana no es toca, dice el portavoz de la Ustec, el sindicato de docentes soberanista que ayudó a hacer el referéndum fraudulento e ilegal de 1-O y la huelga de país, también ilícita,  del 8 de noviembre-, es un hecho demostrado por múltiples testimonios y vídeos. Si era una parte importante del plan de Pujol en el Programa 2000, ha contado con recursos humanos y materiales más que suficientes, y ha tenido un entorno favorable, ¿cómo va a sustraerse el mundo colegial y universitario, dependiente de la Generalitat, a la ola del secesionismo apoyado en la tergiversación de la historia, el bombardeo de los medios, y la presión, sobre todo en los municipios pequeños, de la calle y de las grandes esteladas al viento en los lugares más emblemáticos? Como decía Borrell, expresidente del Parlamento Europeo, en unas recientes declaraciones: “si yo estuviera en esta burbuja y viendo TV3 diariamente, también terminaría siendo independentista”. 

PROPAGANDA

  El independentismo en Cataluña se basa en una gran operación de propaganda y publicidad muy bien orquestada en todos los ámbitos, desde las masas corales de las Diadas hasta TV3 y Catalunya Ràdio haciendo apología del independentismo incluso en los programas infantiles, donde los niños se les relata como un cuento infantil los últimos sucesos en Cataluña con una visión sesgada en la que los guardias y policías españoles son malos y los mossos y bomberos buenos, y las urnas son el tesoro más preciado. Ante las protestas recibidas, la CAC (Consejo Audiovisual de Cataluña), un órgano político censor y autoritario al servicio de la mayoría parlamentaria nacionalista que elige a sus diez miembros, dictaminó que eso era “libertad de expresión”, que es lo que dice siempre en estos casos.   
  Hay que descubrirse ante la creatividad, diseño de producto, puesta en escena y presentación de los propagadores del independentismo, pero los contenidos no pueden ser más fraudulentos e inspirados en los principios de Goebbles, ministro de propaganda del III Reich, que se basaban en la vulgarización para que los mensajes fueran comprensibles sin gran esfuerzo mental puesto que la capacidad receptiva de las masas es limitada. Por este motivo practicaba la simplificación señalando un enemigo único, una sola idea y un símbolo visible que, en este caso, son  España, independencia y estelada, respectivamente. De esta forma se refuerza el orgullo y se entronca con una mitología nacional llena de rancios prejuicios. También consideraba muy eficaz para cohesionar a los adeptos convertir en una amenaza grave cualquier incidente adverso que proviniese del enemigo, de ahí la permanente creación de agravios españoles por el motivo que sea. Otro postulado que preconizaba era el de convencer a mucha gente de que pensaba como todo el mundo, creando así una falsa idea de unanimidad y normalidad, como sucede en los movimientos de masas de las Diadas. Además, practicaba la utilización de eslóganes atractivos, que son efectivos porque no es necesario explicar nada: así funciona el “derecho a decidir” y el “España nos roba”, que hay que repetir constantemente hasta que se convierten en una certeza.   
  Para comprobar el grado de alienación al que pueden llegar los medios de información públicos en Cataluña, me he tomado la molestia –penosa y enervante- de ver la televisión catalana, que ellos denominan la nostra, durante varios días para poder manifestarme con conocimiento de causa, y puedo asegurarte que el grado de manipulación que he contemplado es extremo. España es el extranjero concediéndole un espacio similar al de China, y cuando se habla de ella es para criticarla, la palabra “nacional” se refiere siempre a Cataluña, si algún protagonista de la noticia es catalán este hecho se remarca, cuando dicen “nuestro algo” están hablando de algo catalán,   el marco de referencia es Cataluña y los llamados Països Catalans, y los temas de actualidad son básicamente el proces y el Barça. Para estos medios, España sólo existe para criticarla. En cuanto a los debates –por llamarlos de alguna manera- que ocupan gran parte de la programación, es difícil contemplar opiniones más falaces en tan poco tiempo. Tanto en Els Matins como en Tarda Oberta los contertulios son, en una elevada proporción, de la cuerda nacionalista, y al disidente se le trata con displicencia. Los periodistas Joan López Alegre y Nacho Martín Blanco, habituales participantes en estos programas, han publicado recientemente un artículo en El País, titulado Adiós al circo del odio, en el que denuncian el sectarismo de estos debates donde dicen que “nuestra presencia es nociva, sólo sirve de coartada”. 
  En estas tertulias monocordes las palabras de cariz machista como violación, abuso, o sometimiento se utilizan a menudo para designar la humillación sufrida por los catalanes con la aplicación del Artículo 155, todos acuerdan que este precepto es ilegal, el fascista Rajoy se ha dejado llevar por su sector más ultra, la economía no va a sufrir apenas y si lo hace es por culpa del Gobierno español, las empresas se han ido de Cataluña por instigación de este mismo Gobierno, los líderes europeos han sido fieles al guion de Madrid pero si fueran libres de opinar le darían la razón al Gobierno catalán, el Tribunal que ha juzgado a los Jordis es incompetente judicialmente, Puigdemont es el President en el exilio, los políticos presos no lo son porque hayan incumplido la ley sino que son presos políticos por sus ideas, el golpe de Estado no lo han dado los independentistas con la DUI y la resistencia callejera a cumplir los mandatos judiciales sino el Gobierno central con el artículo 155, y así hasta la náusea. Nada de autocrítica, nosotros somos perfectos. 
  El tono es duro o sarcástico, según los casos, para referirse a España o sus instituciones, y sentimental cuando hablan de lo suyo, como el de Empar Moliner –que junto a la omnipresente Pilar Rahola y a Mónica Terribas de Catalunya Ràdio, forman el trío de musas engrescadoras del nacionalismo fanático- dirigiéndose a la cámara para decirle a los familiares de los Jordis y compañía: “que sepáis que todo el mundo en el tren, en la calle, en el tranvía, está con el corazón encogido hablando de ellos. También los no independentistas”. Está claro que con ese tono melifluo dedicado a los de casa y el implacable para los de fuera, la TV3 es una de las cuatro patas de los separatistas. Las otras tres son la lengua como rasgo diferencial, la escuela para hornear nuevos prosélitos y el Govern, que da cobertura y provee los recursos. 
  En la película Misterioso asesinato en Manhattan Woody Allen dice “cuando escucho a Wagner durante más de media hora me entran ganas de invadir Polonia”, y supongo que algo parecido sobre España les debe suceder a los espectadores de la hispanófoba TV3. Boadella comentó hace tiempo que el problema de Cataluña se resolvería cerrando dos meses TV3 y, en sentido inverso, Tobeña, experto en psicología de masas, opina que si TV3 estuviera cuatro meses emitiendo de forma constante información favorable a su pertenencia a España, la opinión de sus televidentes cambiaría radicalmente. Por eso resulta incomprensible que la aplicación del Artículo 155 en Cataluña no haya actuado sobre este medio para hacerlo neutral, porque sigue intoxicando a los ciudadanos con falsedades y lo seguirá haciendo en la campaña electoral del 21-D, como ha hecho siempre, si nadie lo remedia. 
  A la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (TV3 y Catalunya Rádio) la Generalitat le concedió 234 millones de euros en 2016, equivalente el 25% del dinero que invierten todas las administraciones públicas españolas en sus medios de comunicación. TV3 cuenta con una plantilla de 2.300 empleados, el doble que Mediaset y un 30% más que Atresmedia, cobrando sueldos muy superiores a los trabajadores de estos medios privados. La adhesión a la causa se paga bien.
  En la propaganda oficial del independentismo uno de los componentes más tramposos es la perversión del lenguaje. La manipulación semántica, tremendamente efectiva para los fines nacionalistas, ha sido cuidadosamente elaborada por expertos en mercadotecnia, con una gran categoría profesional a juzgar por los resultados,  para captar adeptos a su causa. El único problema es que, como tanta publicidad engañosa, está basado en mentiras que después chocan con la realidad aunque a corto plazo sean tremendamente efectivas. 
DERECHO A DECIDIR

  El gran hallazgo de los comunicadores de plantilla ha sido el sintagma “derecho a decidir”, que defiende la idea implícita de que existe un pueblo catalán que tiene derecho a votar lo que sea -¿quién no se apunta a eso, o a la supresión de impuestos, o a las vacaciones pagadas en el Caribe?- pero se están refiriendo, sin decirlo, al derecho de autodeterminación -que ya explicitaban en la convocatoria del referéndum del 1-O- ilegal en nuestra Constitución y la de los demás países del mundo, así como no contemplado en las Naciones Unidas, salvo para casos de colonialismo u opresión manifiesta. Tampoco lo preveía la nonata constitución catalana, que aplica la conocida ley del embudo. Se da así la paradoja de que un derecho inexistente en las circunstancias concurrentes en este caso –el de autodeterminación- se transmuta, mediante una pirueta semántica, en un derecho inalienable de los ciudadanos catalanes… que, además, despojan de ese derecho al resto de ciudadanos españoles ¡bingo!. No sé cuántas veces habrá que repetir algo obvio: la democracia no sólo consiste en votar, sino que es, antes que nada, el respeto a los demás y el cumplimiento de las leyes que nos hemos dado entre todos. Lo contrario sería la selva, donde los fuertes sojuzgarían a los débiles. 
  A ese 70% de catalanes que defienden votar el referéndum de autodeterminación –saltándose a la torera al resto de los españoles que también tienen derecho a participar en un acto en el que se decide el futuro de su tierra, y sentando irresponsablemente un precedente irreversible que animaría a los independentistas a insistir una y otra vez hasta conseguir su propósito-  les invitaría a ver, o recordar si ya la han visto, la película La jauría humana en la que el sheriff de un pueblo de los EEUU –protagonizado por Marlon Brando- tiene que jugarse la vida para salvar la de un joven delincuente –interpretado por Robert Redford- enfrentándose con la mayoría de sus conciudadanos que lo quería linchar. La ley es más importante que lo que desee la mayoría, pues en caso contrario las minorías desamparadas serían expulsadas de la sociedad.
  Para los que defienden la radicalidad democrática de los referéndums –antes del 1-O había carteles en toda Cataluña identificando referéndum con democracia, otra falacia más porque sin ley no hay democracia- debo decir que en la etapa franquista hubo dos, en 1947 y 1966, y que este instrumento es utilizado frecuentemente por los dictadores para perpetuarse aparentando ser demócratas. Las consultas plebiscitarias son expresiones simplistas de elección en las complejas sociedades modernas, porque al optar por una respuesta binaria excluyente –sí o no- los ciudadanos se definen solamente sobre una cuestión, obviando muchos otros aspectos de la convivencia –intereses o simpatías- que no son tenidos en cuenta. De ahí la superioridad representativa de la democracia parlamentaria, que canaliza a través de los partidos políticos las preferencias de los ciudadanos con una amplia gama de opciones. 
  Por  otro lado, en una democracia, ningún colectivo puede definirse a sí mismo como sujeto soberano pretendiendo imponerlo a los demás, pues es sabido que, dado que las propiedades de los individuos no son sólo territorio y lengua sino infinitas en la práctica (edad, sexo, raza, riqueza, religión, estado civil, orientación sexual, estudios, oficio, prácticas deportivas, aficiones, salud, medidas biométricas y un largo etcétera) podrían surgir nuevos entes colectivos o abstracciones sociológicas demandando sus derechos, es decir, que los consideráramos sujetos, resultando de ello un espacio de convivencia ingobernable. Según la lógica de los independentistas, ¿qué argumentos pueden oponerse a la pretensión de un referéndum de una asociación de ciudadanos opuestos a pagar impuestos, cuya mayoría sería abrumadora? 
  Si además las consultas unilaterales e ilegales celebradas el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017 ofrecen tan pocas garantías de limpieza democrática (organizado por los incondicionales sin control de la oposición, sin censo conocido y con datos obtenidos ilegalmente, identificándose con cualquier carnet o pudiendo hacer la “rueda” votando en varias urnas, sin interventores, sin neutralidad institucional, con la omnipresente agitación y propaganda independentista, sin debate previo para conocer las consecuencias de cada opción, y con una improvisación tercermundista), ¿cómo se puede pretender que los resultados dados posteriormente se los tome alguien en serio? La Comisión de Venecia –órgano consultivo en materia constitucional del Consejo de Europa- ya indicó a Puigdemont durante 2017 que el referéndum previsto no cumplía los estándares necesarios, siendo el primero de ellos el cumplimiento de la legalidad española. 
  Esas consultas han sido desautorizadas a nivel internacional antes de celebrarse, pero han seguido adelante para desafiar al Estado español, provocar su reacción, continuar con el victimismo y difundirlo a nivel internacional con mentiras añadidas. Y esto no me lo invento, lo escribe Jové, el segundo de Junqueras, en su dietario conocido recientemente. El 1-O utilizaron a las personas bienintencionadas como fuerza de choque, dieron instrucciones a los mossos d’esquadra para que hicieran de polis buenos a pesar del mandato judicial, y dejaron que la guardia civil y policía nacional hiciera la labor sucia de intentar impedir el referéndum, con el resultado de las lamentables escenas que todos vimos en la tele. Por supuesto que el Gobierno central hizo una gestión increíblemente torpe de este asunto -en primer lugar por fiarse de que la policía catalana iba a cumplir con un mandato judicial como era su obligación, porque muchos sabíamos que no iba a ser así- y que la mayoría de los españoles (yo no dormí aquella noche de tristeza) nos sentimos avergonzados por lo que habíamos visto, pero cuando al día siguiente empecé a recibir las informaciones sobre los centenares de heridos, la señora de los dedos rotos que le vendaron la mano que no era, los rostros ensangrentados de otros sucesos no relacionados con éste, y el video de la actriz joven pidiendo ayuda (¡help!) en inglés mientras se veían escenas dramáticas de los policías dando golpes, ya me di cuenta de que la propaganda se estaba imponiendo sobre los hechos y que se quería, una vez más, legitimar el referéndum a base de descalificar al Estado opresor ante el mundo. 
  Pero lo cierto es que los hospitales catalanes apenas registraron entradas de contusionados ese día y que los policías autonómicos, tan alabados en esa jornada, no lo habían sido tanto cuando habían protagonizado en varios enfrentamientos con manifestantes en ocasiones anteriores (desalojo de Plaza Cataluña, Can Víes y otras), una contundencia mayor que la observada el 1-O, como se puede apreciar en los vídeos colgados en Internet,  donde además entrevistan a un mando de los mossos y éste dice que no existen las manifestaciones pacíficas si son ilegales, como era el caso, y que la violencia policial proporcional es legítima cuando están cumpliendo mandatos judiciales. Y es que hay que decirlo claramente: un acto realizado en contra de una resolución judicial constituye un ejercicio de violencia moral o intimidación contra la sociedad, de la que emana la ley de todos, que el juez ha aplicado para suspender o impedir la votación. Las fuerzas de orden público se limitaron a intentar hacer cumplir esa resolución mediante el uso de la fuerza legítima que en un Estado de derecho sólo a él puede corresponder. Las autoridades catalanes, que habían utilizado a su policía autonómica en muchas ocasiones anteriores con total legitimidad, en esta ocasión, una vez más, traicionaron al Estado haciendo inhibirse a los mossos en el último momento para conseguir sus propósitos de realizar el simulacro de votación y poder esgrimir de nuevo la supuesta opresión a los catalanes. Esta farsa fue favorable a corto plazo para sus intereses espurios, pero espero que les pase factura en el futuro por su falta de credibilidad.    
  Uno de los problemas mayores que ha generado este proces tramposo ha sido la total pérdida de credibilidad de sus promotores, tanto en lo que se refiere a los pucherazos de estos referéndums como a todas las patrañas que los han rodeado. No sé si estos aprendices de brujo son conscientes del daño que han hecho a la merecida buena fama que tenían los catalanes en España, donde eran considerados fiables, laboriosos, serios y modernos. Los últimos acontecimientos pueden quebrar este prestigio por culpa de estos iluminados. 
  Cuando se recuerda algo tan elemental como que las leyes deben cumplirse en todos los casos y por todos los ciudadanos, los nacionalistas tienen dos réplicas. La primera, que he escuchado a Guardiola entre otros muchos, es que las leyes deben supeditarse al mandato del pueblo y el pueblo pide votar el referéndum de autodeterminación aunque no lo permita la Constitución ni el Estatut. Aunque ya he contestado a esta falacia en páginas anteriores, voy a insistir en ello porque éste es un argumento recurrente del independentismo en el que basan su legitimidad para hacer lo que les venga en gana y me voy a limitar a trascribir las palabras de mi admirado J. F. Kennedy cuando envió la Guardia Nacional a los Estados sureños para hacer cumplir las leyes federales contra la segregación racial: “Los estadounidenses son libres, en resumen, de estar en desacuerdo con la ley, pero no de desobedecerla. Pues en un gobierno de leyes y no de hombres, ningún hombre, por muy prominente o poderoso que sea, y ninguna turba, por más rebelde o turbulenta que sea, tiene derecho a desafiar a un tribunal de justicia. Si este país llegara al punto en que cualquier hombre o grupo de hombres, por la fuerza o la amenaza de la fuerza, pudiera desafiar largamente los mandamientos de nuestro más Alto Tribunal y nuestra Constitución… ningún ciudadano estaría a salvo de sus vecinos”. Espero que nadie dude de las convicciones democráticas de Kennedy y también se tome nota, no sólo de sus palabras, sino del hecho de haber enviado un cuerpo armado –la Guardia Nacional- para hacer cumplir la ley en los Estados rebeldes. Al lado de eso, la actuación beligerante de las fuerzas del orden el 1-O, ante la pasividad cómplice de los mossos d’esquadra, y la aplicación del Artículo 155 el 27 de octubre es una nadería. El corolario de lo anterior es que si a determinados colectivos no les gustan las leyes actuales, refrendadas por procedimientos democráticos, la única solución en un Estado de Derecho es utilizar estos mismos procedimientos para cambiarlas, no hay atajos fuera de la ley.    
  La segunda réplica del mundo independentista a la prohibición legal de hacer un referéndum de autodeterminación en Cataluña se refiere a los casos conocidos de consultas en otros países como Escocia, Quebec o Kosovo, buscando siempre precedentes que puedan justificar sus deseos, habilidad muy extendida entre sus ideólogos, que suelen aducir ejemplos tomados por los pelos para justificarse. El primer caso, Escocia, no es aplicable a Cataluña porque este territorio fue soberano hasta su unión en 1707 con Inglaterra por propia voluntad de ambos reinos, que podían desligarse a voluntad de una de las partes. El resultado del referéndum para la independencia de 2014, acordado por las dos partes, fue de 44,7% SI y 55,3% NO. El Gobierno de Escocia tenía y sigue teniendo muchas menos atribuciones en Reino Unido que el de Cataluña en España.
  El caso de Quebec también es distinto. Para empezar, Canadá es un país joven formado por dos espacios claramente diferenciados por su origen reciente, el anglófono y el francófono. Este último ocupa la región de Quebec en la parte oriental de país y su ciudad más importante es Montreal. El partido nacionalista quebequés, nacido en los setenta del siglo pasado en un contexto de descolonización mundial, planteó la secesión de Canadá en 1980 mediante un referéndum no vinculante en el que se pedía autorización al gobierno regional para negociar un estatus jurídico de cosoberanía con el de Canadá, que perdió por el 59,5% de los votos, pero había conseguido establecer un precedente –que es lo que desean los nacionalistas catalanes- para volver a la carga tantas veces como sea preciso hasta que vislumbren una ocasión favorable. Ésta se produjo en 1995 con un segundo referéndum en el que se pidió a la población de Quebec autorización para negociar la soberanía, aunque ofreciendo antes una asociación opcional al resto de Canadá. Lo perdió por sólo 55.000 votos en una región de siete millones de personas (49,42% contra 50,58%). Ante el hecho de que Canadá, uno de los Estados más prósperos del mundo, había estado a punto de romperse y a la situación política de chantaje continuo por parte de los separatistas quebequeses, el Gobierno de Otawa encargó al Tribunal Supremo canadiense que fijara las condiciones para un previsible tercer referéndum. El dictamen del citado Tribunal fue aprobado por el Parlamento de Canadá en junio de 2000, mediante la llamada “Ley de Claridad”, que fijaba los requisitos concretos para un proceso de secesión, entre ellos, que el referéndum correspondiente debía hacer una pregunta clara e inteligible, que debían darse las mismas oportunidades de defensa a las dos opciones en liza, que debían fijarse los términos económicos de la separación y que, para ser válida la secesión tenía que haber un porcentaje mínimo de participación y una mayoría reforzada de votos afirmativos en la consulta (no valía el 50% + 1). 
  Además, esta Ley establecía, de acuerdo con la lógica de los independentistas, una nueva definición de fronteras, con el siguiente párrafo: “En el caso de que determinadas poblaciones concentradas territorialmente en Quebec solicitaran formalmente seguir formando parte de Canadá, debería preverse para ello la divisibilidad del territorio quebequés con el mismo espíritu de apertura con el que se acepta la divisibilidad del territorio canadiense”. Parece justa esta disposición, puesto que si Canadá acepta que Quebec se separe si una sustancial mayoría de sus habitantes lo desea, Quebec también debe aceptar desprenderse de parte de su territorio por la razón, idéntica y simétrica, de que una mayoría sustancial de su población desea seguir siendo canadiense. Nunca más se ha vuelto a pedir un nuevo referéndum por parte de los independentistas quebequeses, por este motivo y porque en 1995, a la vista de la incertidumbre causada por la posible secesión, la mayoría de las empresas, entre ellas los principales Bancos, huyeron de Montreal, capital económica de Canadá hasta ese momento, y se fueron a Toronto -que ha sustituido a Montreal como nueva capital económica- para no volver más. 
  Este fenómeno se está repitiendo en Cataluña y creo que todos los catalanes deberían tomar nota de que ninguna aventura descabellada sale gratis y, sobre todo de que, si su modelo de referencia es Quebec, aplicando la Ley de Claridad canadiense, la agrupación de las comarcas más ricas y densamente pobladas del litoral barcelonés y tarraconense –llamada por algunos Tabarnia- que acumulan el 80% del PIB de Cataluña, con un enorme déficit fiscal respecto al resto del territorio, al que subvencionan, y menor peso político por el sistema electoral, podrían optar a seguir en España, dado que la mayoría de sus habitantes son claramente opuestos al independentismo. 
  El caso de Kosovo, aludido veladamente como precedente en el preámbulo de la “proposición de ley del referéndum de autodeterminación”, registrada en el Parlament el 31 de julio de 2017, con la frase “dictámenes recientes” del Tribunal Internacional de La Haya validarían el derecho de autodeterminación en casos ajenos a la opresión colonial o dictatorial extranjera, según los separatistas. Para empezar, esa referencia es engañosa porque no hay varios casos sino uno, el de Kosovo emitido el 22 de julio de 2010. Pero es que, además, el ejemplo de la independencia unilateral kosovar de 2008, avalada en 2010 por el citado Tribunal, como consecuencia de un “contexto factual” único, no es aplicable a Cataluña porque vino precedida por la expulsión de 700.000 ciudadanos decretada por el Gobierno central serbio, por la supresión violenta de sus órganos administrativos, por la asfixiante ocupación militar y policial de su territorio, por su liberación por parte del Ejército Internacional (KFOR) sustentado por la OTAN, y tutelada durante diez años por una administración de la ONU (1999-2008) que recomendó su independencia. A mayor abundamiento, la ley básica kosovar no impedía la declaración de independencia, algo que prohíbe expresamente la Constitución española y el Estatut catalán. En este momento Kosovo, con 1,8 millones de habitantes mayoritariamente albaneses, es el segundo país más pobre de Europa  (3.600 dólares/año de renta per cápita), tiene un 33% de paro, y una economía sumergida y emigración atroces. No parece un buen modelo.

ELLOS Y NOSOTROS
              
  Una de las muchas artimañas para confundir conceptos es utilizar preferentemente la palabra Estado, representación del bíblico Leviatán de Hobbes en el imaginario nacionalista, para designar a España, mientras que Cataluña es el pueblo catalán. Esta sinécdoque engañosa es utilizada para centrar en un solo concepto el origen de todos los males. El Estado es la estructura administrativa de un país, dividida básicamente en los clásicos tres poderes independientes –ejecutivo, legislativo y judicial- pero los secesionistas los agrupan deliberadamente para que su grey crea, por ejemplo, que Rajoy –otra personificación malévola- es el responsable del encarcelamiento de los Jordis, cuando ha sido una decisión judicial, o que el mismo Rajoy puede autorizar un referéndum ilegal, siendo esta una potestad legislativa. 
  En términos históricos la palabra España también es utilizada para oponerla a Cataluña, como si ésta no hubiera formado parte de ella durante siglos, y para descalificarla con adjetivos peyorativos como violenta, opresora, arcaica y antidemocrática sumándose así a la leyenda negra fabricada y alimentada por los anglosajones sobre nuestro país en tiempos pasados. En contraposición, Cataluña aparece en el ideario de los nacionalistas como un país compacto, sin fisuras, que representa el pacifismo, el civismo, la modernidad y la eficiencia que no tiene España, cuyos habitantes –el poble catalá- anhela la independencia para no ser oprimido y tener libertad. Esta quimera, que no resiste el más mínimo contraste con la realidad, es creída por un porcentaje significativo de los catalanes, supongo que para elevar su baja autoestima. Pero lo cierto es que España –según el índice de calidad democrática publicado anualmente por la Unidad de Inteligencia del diario The Economist- ocupa el puesto 17 entre 167 países analizados, inmediatamente detrás del Reino Unido y por delante de Estados Unidos, Italia y Francia, considerándosela entre los países que tienen una democracia plena. 
  Por otro lado, según mis conocimientos, los ciudadanos de Cataluña han tenido a lo largo de la historia, y ahora también, las mismas virtudes y defectos que el resto de los españoles –afortunadamente, no son una reserva étnica incólume, sino que se han ido cruzando con otros humanos de diferentes latitudes a lo largo de los siglos- y su éxito o fracaso pertenece a todos. En mi larga y viajada vida la competencia, profesionalidad y laboriosidad, y su reverso, la chapuza, negligencia y vagancia, las he encontrado en cualquier sitio de España (incluida Cataluña) y también del extranjero. Además, en Cataluña no existe un sol poble, atado por lazos identitarios a los ancestros que claman desde sus tumbas por la redención –tampoco los descendientes van a maldecir por no conseguirla, como he oído a algún exaltado etnocentrista-, sino ciudadanos con características diversas que los fanáticos de las esencias patrias han logrado dividir en dos bloques, ellos y nosotros, engañando a una parte de ellos con estos tres señuelos: consignas supremacistas –nosaltres som millors, o som diferents para que no se note tanto el sentimiento de superioridad, pero es lo mismo- , victimismo quejumbroso, y promesas futuras de tipo edénico. 
  En la misma línea, los portavoces políticos secesionistas utilizan el pronombre “nosotros” para englobar a toda Cataluña, cuando están defendiendo ideas secesionistas, tomando nuevamente la parte por el todo, e intentando resaltar el enfrentamiento de Cataluña con España. En realidad, el nosotros en sus labios significa “no a otros”, aunque después, de cara al exterior, los engloban como si fueran suyos para parecer un solo pueblo. Los desprecian como malos catalanes, pero los asumen a efectos representativos.  Redundando en lo anterior, la apropiación indebida de una representación global que no les corresponde, los diputados nacionalistas catalanes (pasa lo mismo con los vascos) han vendido la idea de que el llamado “grupo parlamentario catalán” en las Cortes españolas es el genuino portavoz de los intereses catalanes en Madrid, identificando así en el imaginario colectivo la condición de “catalán” con la de “nacionalista”, cuando existen otros diputados -tan catalanes como los anteriores-, englobados en otros partidos, que votan muchas veces en contra de los nacionalistas. 
  Así pues, el supuesto conflicto entre Cataluña y España, aireado por los nacionalistas catalanes, supondría la falsedad de  que un todo homogéneo representado por los ciudadanos catalanes está enfrentado a los habitantes de las restantes dieciséis autonomías, cuando en realidad el conflicto principal, por obra y gracia de estos mismos nacionalistas, se da entre una Cataluña independentista y otra no independentista, integrada esta última por catalanes que no forman parte del resto de España. Es el Gobierno catalán, que se arroga representar a toda Cataluña, quien tiene un conflicto con estos ciudadanos –nada menos que más de la mitad de la población- a los que margina y hostiga en lugar de integrarlos. Este Gobierno no puede hablar en nombre del pueblo de Cataluña, como hace frecuentemente, pues engaña miserablemente siendo consciente de que  estos ciudadanos no lo siguen, o bien cree que estos catalanes no son dignos de este pueblo, no sé qué es más grave. 
  El resultado es la calificación de traidores, renegados, botiflers, fachas o franquistas a más de la mitad de la población y, entre ellos, a insignes catalanes universales –para mí los mejores- como Serrat, Marsé, Mendoza, Coixet, Milá, Sardá y tantos otros, un millar de los cuales firmaron un manifiesto contra el referéndum ilegal del 1-O por considerarlo una “convocatoria tramposa y una estafa antidemocrática”. Un recuerdo especial a Boadella, uno de los primeros disidentes del nacionalismo -que tuvo que exiliarse en Madrid porque le acosaban por la calle en Cataluña- dramaturgo que estrenó en 1995 Ubú President o los últimos días de Pompeya, una sátira política valiente y premonitoria sobre Pujol y su entorno. Y esto es lo más lamentable de la sociedad catalana colonizada –esto sí es una colonización coactiva, no la de España- por los independentistas, que insultan y persiguen a su gente progresista, ilustrada y valiente por el mero hecho de no tragarse la grande bouffe en que se ha convertido Cataluña y, sin embargo, toleran mirando para otro lado a los pujolones y demás delincuentes de Liceu, Palau y Sant Gervasi. 
  Cuando analizo la poca calidad moral, intelectual y competencial de la mayoría de los líderes políticos independentistas actuales como el nefasto Mas que llevó a la ruina a su partido y al seny gracias a su astucia; el estrafalario Puigdemont  que se ha convertido en el bufón de Europa (¡menuda propaganda para Cataluña!); el devoto Junqueras que sólo dice simplezas y se queda pasmado cuando Borrell en la tele le demuestra que miente en todas sus cifras; la llorona Rovira -¡puede llegar a ser Presidenta de la Generalitat!- que es la voz confusa de su amo, quien la ha nombrado, con evidente paternalismo, porque es mujer como la República (con estos procesos de selección no me extraña lo que vemos); la agitadora Gabriel que se autodenomina independentista sin fronteras (?); el totalitario Llach que va amenazando abiertamente a los disidentes creyéndose que está todavía en la dictadura franquista y él es Franco; y tantos otros que son seguidos -hagan lo que hagan y digan lo que digan- por una masa aborregada, me echo las manos a la cabeza.

EL NEOLENGUAJE SOBERANISTA

  Existen palabras clave de la propaganda independentista para retorcer la realidad como: democracia, interpretada como plebiscitaria o aclamativa, donde la voluntad soberana del pueblo está por encima de las leyes, y si a esta falacia le añadimos otra como la identificación de catalán con independentista, se llega a la conclusión de que el “mal catalán” es además un “mal demócrata”; legitimidad para la secesión, derivada de las movilizaciones populares de las Diadas o de las consultas referendarias, cuando, por el contrario, para que determinadas instituciones o decisiones sean legítimas es necesario no sólo que sean legales sino que además los procedimientos empleados para instaurarlas o acordarlas sean democrático-liberales, es decir, respetuosos de la legalidad constitucional y de los límites establecidos para el autogobierno en defensa de los derechos individuales y las minorías, algo muy alejado del comportamiento de las fuerzas independentistas catalanas desde hace mucho tiempo. 
  El diálogo  es otro de los mantras del independentismo, pero éste necesita tres condiciones para producirse: tema, respeto a las normas, e interlocutores válidos. Si Puigdemont solicita diálogo a Rajoy para tratar sobre la celebración forzosa de un referéndum de autodeterminación o la negociación sobre los términos de una independencia unilateralmente declarada, está claro que no se cumplen las citadas condiciones puesto que, para empezar, aunque quisiera el Presidente del Gobierno español, que no es el caso, tampoco tendría competencias para negociar. Este es otro de los trucos semánticos del separatismo para retratarse a sí mismo como pacífico y dialogante frente a un Madrid intransigente que sólo sabe blandir las leyes en lugar de hacer política, pero es evidente, conociendo la hoja de ruta separatista del dietario de Jové, que existe una estrategia para “generar conflicto con el Estado”, siendo las apelaciones al diálogo una maniobra de distracción y no la expresión de una auténtica vocación de entendimiento dentro del marco legal. La judicialización de la política, como dicen los separatistas, es, simplemente, la denuncia y persecución de los delitos cometidos por políticos en el ejercicio de su cargo. 
  Protesta pacífica es otra coartada para disimular la agresividad discursiva mostrada hacia los catalanes que  se sienten españoles y el empleo de categorías excluyentes para referirse a ellos, apuntando hacia formas simbólicas de violencia que dan miedo y tienen efectos coercitivos. Además, es bastante sorprendente que se presuma de pacifismo cuando Carles Sastre, líder del sindicato independentista catalán CSC -que ha organizado el pasado 8 de noviembre la huelga de país con los estudiantes asaltando estaciones, cortando carreteras y parando el tráfico- y asesino confeso del empresario Bultó cuando fue miembro del grupo terrorista Exèrcit Popular Català y después de Terra Lliure, operativo desde 1978 a 1991 (período en el cual perpetraron varios atentados con heridos) ha sido recibido recientemente con parabienes en TV3 para una entrevista. Lo mismo ha sucedido con el etarra Otegi, también homenajeado por las altas instancias del independentismo en la última Diada. Además, no creo que puedan considerarse pacíficos los ataques y amenazas a las sedes de partidos constitucionalistas, las presiones a los alcaldes socialistas que no colaboraron con el referéndum, los episodios de hostigamiento a los miembros de las fuerzas policiales nacionales, y el señalamiento de niños con padres policías en las escuelas o el de los políticos no independentistas y sus familias en sus casas y en las redes sociales. ¡Menuda revolució dels sonriures representa el exconseller Comín  en Bruselas el pasado día 8 de diciembre, llamando franquistas a gritos y con gesto desencajado a los gobernantes españoles! De sonrisas nada: dan miedo. Por último, creo que considerar que lo que se defiende sea justo por el hecho de hacerlo pacíficamente o que lo haga la bona gent, como dice Junqueras, me parece sencillamente ridículo. Sólo faltaría que se tuviera que agradecer el que no agredan a los que no piensan como ellos. 
  Otra falacia es llamar presos políticos al encarcelamiento preventivo –para evitar la posibilidad de fuga, destrucción de documentos o reiteración de los delitos- de varios dirigentes independentistas en los últimos días, ocultando el hecho de que han sido acusados por la fiscalía de delitos graves (sedición para los expresidentes de ANC y Òmnium Cultural, y rebelión, sedición, conspiración y malversación para los antiguos miembros del Govern). Este disparate es ofensivo para los verdaderos presos políticos de la dictadura franquista o de las dictaduras actuales como la de Maduro –ínclito defensor del independentismo catalán- que ese sí que tiene presos políticos de verdad. Con este calificativo, que ni siquiera ha avalado Amnistía Internacional, se continúa una táctica habitual de los movimientos subversivos, ya utilizada por ETA en el País Vasco, consistente en aducir un conflicto político que justifica la vulneración de las leyes, presentando a los que las vulneran como presos políticos y no como meros delincuentes que infringen el Código Penal. De esta forma el objetivo del secesionismo – sólo queremos votar- se proyecta sobre sus acciones al margen de su tipificación delictiva. 
  El fin justifica los medios, pero que se lo cuenten a los numerosos políticos que están enchironados en España, con carácter preventivo o sentencia firme, por la comisión de delitos mucho menos graves que los de estos individuos, que han utilizado sus puestos relevantes, con gran poder político, económico y social, para traicionar al Estado –del que formaban parte-, despilfarrando el dinero de todos para favorecer a sus enchufados del pesebre y urdir un contubernio contra una gran parte de los propios catalanes y el resto de españoles, cuya graves consecuencias de empobrecimiento y fractura social las vamos a sufrir durante muchos años. Parece que hay empresas que se están planteando querellarse contra la Generalitat como responsable de las pérdidas sufridas como consecuencia de sus traslados forzosos recientes a otros lugares de España. Los particulares deberíamos agruparnos para plantear lo mismo.  
  Otras palabras utilizadas espuriamente por el mundo independentista son facha, franquismo, opresión, represión, ocupación, libertad y algunas más que obedecen al mismo patrón de querer representar al Estado español como una continuación del régimen franquista, a pesar de que hace 40 años que España goza de un sistema democrático reconocido en todos los foros internacionales, gracias al cual ha podido llegar a unas cotas de bienestar, prosperidad y libertad inimaginables tras la muerte de Franco. Cuando recorro nuestro país ahora y lo comparo con el que teníamos al final de la dictadura, me acuerdo de la frase premonitoria de Guerra tras la llegada al poder del PSOE en 1982: “vamos a poner a España que no la va a reconocer ni la madre que la parió”. Tenía razón, y las nuevas generaciones de españoles deberían tener en cuenta que, así como requiere un gran esfuerzo consolidar una democracia y levantar un país con tantos problemas y carencias como el que teníamos 40 años atrás, es muy fácil volver a la decadencia, porque las fuerzas destructivas siempre están ahí acechando su oportunidad. Precisamente, este marco de tolerancia y libertad es el que ha permitido a las instituciones catalanas desarrollar el elevado grado de autonomía que poseen, cuya utilización artera ha propiciado la situación de enfrentamiento actual. 
  Con la deliberada estrategia de construcción del enemigo español diseñada por Pujol en su día y llevada a la práctica por la lenidad de los diferentes Gobiernos centrales, el independentismo ha presentado las acciones del Estado en términos de represión contra el deseo de votar, el reconocimiento de la singularidad de la cultura catalana, los derechos humanos de los catalanes, el ejercicio de la libertad de expresión, las competencias de la Generalitat y lo que tocase en cada momento. Se ha tratado de mostrar a la población que cualquier negativa a sus exigencias o sanción por el incumplimiento de las leyes proviene de la reacción del españolismo cutre y autoritario, de tal forma que cualquier partidario de la independencia perciba las actuaciones del Estado como represivas y, por tanto, antidemocráticas, lo que a su vez legitima –en una permanente retroalimentación- las acciones ilegales del independentismo. Ya lo decía Puigdemont, entrevistado por Évole en la Sexta tras la aprobación de las leyes del referéndum y desconexión -otra palabra inventada para hacer creer que la secesión era tan fácil como desenchufar un electrodoméstico- en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre, cuando éste le preguntó cómo era posible aprobar algo tan importante con 72 diputados sobre 135, cuando para para reformar el Estatut o incluso nombrar al director de la televisión catalana habrían hecho falta un mínimo de 90 (dos tercios de la cámara): “es que el Estado con su cerrazón no nos ha dejado otra salida”, a lo que Évole le replicó: “sí, conseguir 90 diputados en unas nuevas elecciones”. 

DISLATES ECONÓMICOS

  Cuando los dirigentes independentistas decidieron acelerar su hoja de ruta en 2012 por los motivos que he enumerado más arriba, no tenían el respaldo popular suficiente para justificar la huida hacia adelante –sus incondicionales de las Diadas no representaban una masa crítica mayoritaria- así que había que fabricar otro trampantojo, esta vez económico, vendiendo que el enemigo oficial –España- expoliaba a Cataluña, para convencer así a otro sector de la sociedad menos emotivo y más práctico de la conveniencia de la separación. El problema que ha tenido esta incursión tramposa en el mundo de los números es que, como tú y yo sabemos, el rigor –palabra que debe sonar a chino a los voceros del proces- es imprescindible, porque en caso contrario haces el ridículo. Mientras se trate del sentiment (mitos, descalificaciones, ambigüedades, retorcimiento de palabras y conceptos, o estereotipos) todo vale, pero las matemáticas no se dejan manipular. 
  De esta estrategia nació la consigna populista “España nos roba”, que los dirigentes independentistas catalanes -y especialmente el inefable Junqueras, responsable de Economía- han repetido hasta la saciedad con cifras falsas sobre el déficit fiscal de Cataluña de 16.400 millones de euros anuales, con los que, según sus palabras, se podrían arreglar todos los problemas de sanidad, educación, infraestructuras y aún sobraría dinero. Para empezar, los territorios no pagan impuestos, sino las personas, y en un sistema impositivo progresivo los más ricos pagan más que lo que reciben de los servicios públicos y, por tanto, tienen déficit con el Estado. Si el conjunto de los catalanes tiene una renta per cápita un 19% superior a la media española (28.600 € contra 24.100 € en 2016), Cataluña pagará de media más de lo que recibe, igual que cualquier particular con unos buenos ingresos. Otras variables económicas como el superávit comercial de Cataluña respecto al resto de España de 17.900 millones de euros en 2016, que compensan el déficit con el resto del mundo de 12.700 millones; la deuda galopante de 76.700 millones de euros, de los que 52.500 millones son al Fondo de Liquidez Autonómica porque Cataluña tiene una calificación internacional de deuda basura y no puede acudir al mercado exterior; y el sistema de pensiones catalán con un déficit de más de 6.700 millones de euros, no interesa mencionarlas porque darían miedo, pero en caso de independencia incidirían muy negativamente en la economía catalana.   
  En Las cuentas y los cuentos de la independencia, un libro escrito en 2015 por Borrell –ingeniero aeronáutico, exsecretario de estado de Hacienda, exministro de Obras Públicas y expresidente del Parlamento Europeo- y Llorach –ingeniero industrial, máster en administración de empresas en el MIT y empresario tecnológico-, se rebaten todas las falacias económicas del independentismo, en especial la del déficit fiscal del 8,2% del PIB catalán, que fueron pregonando en su día. Tras una prolija exposición con datos fehacientes y cálculos correctos, en sus 159 páginas llegan a la conclusión de que Cataluña tuvo un déficit fiscal en 2011 superior al que le correspondería si contribuyera proporcionalmente a su renta y recibiera proporcionalmente a su población, del orden del 1,5% de su PIB equivalente a 3.000 millones de euros. A continuación los autores se preguntan si este exceso redistributivo de 1,5% puede calificarse de expolio (la Comunidad de Madrid tiene mucho más) y si justifica la enorme propaganda montada alrededor de la asfixia que, según Junqueras con sus hipérboles inocentes, “amenaza la estabilidad económica de Europa”. 
  A mayor abundamiento, circula un vídeo por Internet donde se muestra un diálogo (por decir algo) de Borrell y Junqueras en una cadena televisiva catalana, que te recomiendo. En él Borrell apabulla a su interlocutor interrogándole sobre la veracidad de su discurso económico, que desacredita con datos incontestables, mientras Junqueras balbucea respuestas inconexas: en lo que se refiere a la continuidad de Cataluña en la Unión Europea si se independiza queda claro que no se produciría y tendría que ponerse en la cola de los candidatos; con referencia a que Alemania tiene un tope del 4% a los déficit de los Lander, demuestra que es falso y añade que en Alemania no se calculan las balanzas fiscales; otra afirmación de Junqueras respecto a que España recibía los préstamos del Banco Central Europeo al 0,03% de interés y lo prestaba a Cataluña a un tipo 16 veces superior, es desmontada por Borrell diciendo en primer lugar que el BCE nunca financia Gobiernos, y sobre este incremento de los intereses ya fue desmentida en su día por el ministro de Economía diciendo que los préstamos se cedían a Cataluña al mismo tipo de interés que los recibía España; y en cuanto al repetido déficit fiscal catalán, Borrell le recuerda que, según las cifras del Departamento de Economía de la Generalitat en la época de Mas-Colell, Cataluña pagaba 78.400 millones de euros y recibía 76.000, con una diferencia de 2.400, muy alejada de la mágica cifra del eslogan victimista. Borrell termina diciendo a Junqueras: “los argumentos que da de tipo cuantitativo para hacer que algunos crean que la independencia les es positiva económicamente, son simplemente falsos”.
  Precisamente, ha sido en este campo, el de la economía –del que, no lo olvidemos, procede el bienestar en las sociedades modernas- donde antes se ha resquebrajado el invento independentista, porque la inestabilidad e incertidumbre que provocan las aventuras esencialistas están reñidas con los fundamentos del mundo empresarial que busca otros territorios confiables donde los reciben con los brazos abiertos. Esa tontería narcisista de que Cataluña es un lugar especial, la Dinamarca del Mediterráneo y cosas así, y que Europa no va a poder vivir sin ella  es una fantasía de Las mil y una noches, como estamos viendo. La frase profética del escritor y filósofo Pujols: “Llegará un día en que los catalanes, por el simple hecho de serlo, iremos por el mundo y lo tendremos todo pagado” -supongo que lo diría de cachondeo- algunos se la han creído. 
  Está claro a estas alturas que a Europa no le gustan las veleidades independentistas, situándose frontalmente en contra de esa posibilidad por motivos fácilmente previsibles –contraria a la idea de una Europa unida, efecto dominó en otras regiones, ilegalidad de los procedimientos aplicados, inestabilidad económica, inseguridad política que favorece a los enemigos de la UE, etc.- y lo que me parece asombroso no es tanto el hecho de que los mentirosos compulsivos que dirigen el contubernio siguiesen diciendo, a pesar de las declaraciones de los máximos responsables europeos, que la Unión Europea recibiría a Cataluña con los brazos abiertos, sino que muchos catalanes se tragasen la trola. Ahora resulta –Puigdemont dixit- que la UE no merece la pena. ¿Se tragarán esta nueva trola? 
  Las consecuencias para una Cataluña fuera de España y de la UE serían la aplicación de la tarifa aduanera exterior común y la consideración de país tercero por parte de la Organización Mundial del Comercio, perdiendo la cláusula de nación más favorecida y teniendo que renegociar centenares de acuerdos comerciales. Esta tarifa supondría un encarecimiento inmediato de los productos catalanes en el exterior de entre un 3 y un 5% que incidirían sobre los 43.000 millones de euros recaudados por la exportación a la UE más las ventas de 39.000 millones al resto de España en 2016, en total 82.000 millones de euros (39% del PIB de Cataluña en 2016). Para no perder ventas, lo más probable es que las empresas mantuvieran los precios y absorbieran este impacto en forma de menores ganancias, a repartir entre salarios y beneficios. Además, el posible boicot de productos catalanes en el resto de España agravaría esta situación. Teniendo en cuenta que el déficit comercial actual de Cataluña con otros países de 12.700 millones de euros es compensado con creces por el superávit con el resto de España de 17.900 millones, este escenario de aplicación de tarifas aduaneras podría revertir la situación y colocar la balanza comercial de Cataluña en números rojos. Además, internamente, la importante pérdida de turismo que se ha empezado a mostrar, la retracción de las inversiones, la reducción de la demanda interna observada ya en grandes superficies, la pérdida de la Agencia Europea del Medicamento y el aumento del paro pueden ser indicios de lo que pasaría en caso de independencia.
  Un impacto inmediato de los sucesos de septiembre y octubre con el intento de separación unilateral ha sido el traslado de las empresas más importantes de Cataluña al resto de España buscando seguridad jurídica y estabilidad financiera. A primeros de diciembre se habían trasladado las sedes sociales de 2.900 sociedades (una de cada tres con más de 50 empleados), y 1.000 de ellas también habían transferido el domicilio fiscal. Sólo queda una empresa catalana, de las siete que había, en el IBEX 35 (Grifols) y un Banco (Caja de Ingenieros, aunque nuestro compañero Vallvé, uno de los miembros de su Fundación, haya trasladado a Madrid su sociedad gestora de fondos GVC Gaesco). De momento el impacto recaudatorio es escaso, pero la experiencia que transmiten los expertos y presidentes de las cámaras de comercio extranjeras es que a esta fuga de sedes seguirán las de los centros productivos, puesto que las decisiones estratégicas se van a tomar fuera de Cataluña, como sucedió en Quebec, donde las empresas se marcharon de Montreal a Toronto para siempre. Esta situación de inestabilidad “podría llevar a una deslocalización masiva de puestos de trabajo e inversión”, según Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de EEUU en España. El caso de los dos Bancos trasladados (Caixabank y Sabadell) es paradigmático, puesto que la protección de sus clientes y accionistas les obligaban a salir de Cataluña para acceder a las ayudas del BCE y garantizar los 100.000 € a sus depositantes, muchos de los cuales han trasladado sus cuentas fuera del territorio catalán. Cuando leo que los de la CUP, en represalia, alentaban un boicot suicida a estos Bancos retirando los depósitos, diciendo ahora que los catalanes tienen que boicotear los productos del resto de España, y constato que esta gente ha sido la ideóloga e impulsora del proces, me doy cuenta de las manos destructivas en las que ha estado y puede seguir estando el futuro de Cataluña. 
  Si analizamos otras cuestiones económicas importantes, como la deuda que ha ido acumulando la Generalitat durante los últimos años, podemos apreciar la insensatez de las propuestas independentistas. La deuda actual es de 76.700 millones de euros, de los cuales 52.500 millones (68%) se deben al Estado por los préstamos del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) en condiciones mejores que las del mercado, donde Cataluña tendría que pagar unos intereses desorbitados por sus bonos al tener la calificación de deuda basura. A esa deuda directa habría que añadir, en caso de separación, la parte alícuota que corresponde a Cataluña de la deuda pública contraída por la administración central española, cifrado en unos 170.000 millones de euros  (20% de 850.000 millones). La suma de ambas magnitudes arrojaría una deuda total catalana del orden de 247.000 millones de euros, un 110% del PIB catalán. La respuesta de los independentistas, con su descaro habitual, es que no pagarían la deuda del FLA ni la correspondiente del Estado, lo que abocaría a un arbitraje internacional, que lo único que haría sería demorar la cuestión, con la consiguiente inestabilidad, pero al final tendrían que abonarla por un principio universalmente aceptado de subrogación de las deudas contraídas por los Estados cuando cambian los regímenes. No quiero ni pensar cómo reaccionarían los mercados financieros ante una Cataluña con una deuda calificada como basura que dice que no va a cumplir con sus compromisos crediticios. El corralito argentino de 2001 y el griego de 2015 harían acto de presencia en Cataluña. 
  ¿Cómo se ha llegado a esta situación tan catastrófica de las cuentas públicas catalanas? Los independentistas ya tienen su respuesta de manual: España es culpable por no dotarnos de los recursos necesarios ni dejarnos gestionarlos como un Estado independiente. Pero cuando se analiza con datos reales –no inventados- y se constata que el tan cacareado déficit fiscal es tolerable, que su superávit comercial con el resto de España les es muy beneficioso y que el Estado español, por sentido de responsabilidad hacia la población catalana, presta mucho dinero –que nadie más fiaría- a la  Generalitat para llegar a fin de mes, a pesar de que sus dirigentes no paren de insultarle, uno debe sospechar que hay algo que no funciona y que la pretendida eficacia y superioridad de los gestores públicos catalanes no es tal. Desde hace tiempo, por no decir desde siempre, los políticos nacionalistas han vivido del chollo de echarle la culpa a Madrid –inventar excusas es un arte que dominan- cuando les han salido mal las cosas, enarbolando el manual de agravios con la memoria selectiva que les caracteriza, y como sus incondicionales se lo creen porque ya están programados para ello, no necesitan esforzarse en ser más eficientes. Voy a analizar esa supuesta eficiencia.
  El presupuesto de la Generalitat para 2017 es del orden de 38.000 millones de euros, de los que 22.000 millones (más de la mitad) es gestionado por un entramado de organismos autónomos (empresas públicas, consorcios y fundaciones), que conforman una administración paralela difícil de controlar en cuanto a contratos, gastos y colocaciones de personal. Según los últimos datos certificados por el Tribunal de Cuentas del año 2014, la Generalitat tenía 182 entes al acabar ese año –con mucha diferencia la que más tiene-, un 32% más que en 2008, cuando el resto de las Autonomías los habían reducido un 30% en ese período por imperativo de la crisis. Esta fiebre de los entes autónomos empezó con el tripartito de Montilla (parece que cada puesto de asesor se multiplicaba por tres para colocar a los paniaguados de cada partido) y siguió creciendo después con la CiU de Mas y su huida hacia el abismo. Si al anterior desmadre le unimos los diferentes estratos de la Administración catalana con las sedes centrales de la Generalitat, las Diputaciones, las provincias, los consejos comarcales y los Ayuntamientos; los sueldos mucho más elevados que sus homónimos del Estado o de otras Autonomías; y las necesidades del proces en publicidad, propaganda y subvención real o encubierta a medios de comunicación afines, fondo de reptiles para comprar voluntades, contribución económica a las asociaciones civiles proindependentistas, aportaciones patrióticas de particulares a cambio de favores, embajadas y otros destinos subterráneos -que no puedo mencionar por falta de imaginación, pero que estoy seguro que existen-, llego a la conclusión de que en Cataluña hay montado, con la excusa del independentismo, un gran pesebre del que muchos se alimentan a costa de los impuestos de todos los españoles, especialmente los catalanes, porque además éstos han visto recortados entre 2009 y 2015 un 26% los gastos sociales (en sanidad un 31%). No me extraña que los que viven (muy bien, por cierto) del proces se solivianten tanto cuando perciban que se les pueden acabar las sinecuras.
  Otra de las leyendas que circulan en los medios nacionalistas es la de la eficacia de los gestores públicos catalanes, en contraposición a la ineptitud de la administración central del Estado. No voy a ser yo quien defienda ahora la bondad de la gestión estatal, pues la conozco y la he criticado muchas veces explayándome sobre ella en mi libro sobre Renfe, pero la catalana no es mejor. Ya he explicado más arriba el dinero que nos ha costado a todos los españoles las quiebras de Banca Catalana y Catalunya Caixa, pero hay otros casos sonados. La llamada deuda oculta de unos 30.000 millones de euros que dejó el tripartito financiando obras a pagar ad calendas graecas, que no se cargaban en los presupuestos; Spanair, que la Generalitat pretendió convertirla en la compañía aérea de bandera catalana, recibió 200 millones de euros de subvenciones encubiertas, pero quebró dejando en la calle a 2.000 trabajadores y tirados a más de 20.000 clientes en los aeropuertos; el Fórum de las Culturas de 2004 costó más de 300 millones de euros y pasó desapercibido sin que se volviera a saber nada sobre su continuidad; el aeropuerto de El Alguaire (Lleida) costó 100 millones de euros y apenas tiene vuelos; y las líneas 9 y 10 del metro de Barcelona, que comenzaron en 2002 con un presupuesto de unos 2.000 millones de euros y se iban a terminar en 2007, en este momento, 15 años después, llevan gastados 6.000 millones, hay muchos tramos sin empezar y estaciones sin abrir, con un elevado coste de mantenimiento anual. 
  Además, según el índice Doing Business 2015, Cataluña figura en el puesto 11 entre las 18 comunidades autónomas (incluyendo Ceuta) en el coste (tiempo y dinero) para obtener una licencia de construcción y el penúltimo en las facilidades para poner en marcha una pyme industrial. Otro dato importante es el puesto de Cataluña en el ranking del Índice de Libertad Económica elaborado por el think tank Civismo que analiza el doble rol del sector público como financiador y suministrador de bienes y servicios, por una parte, y de regulador de la actividad del sector privado, por otra. Cuando se desencadenó la crisis financiera internacional en 2008, Catalauña era la sexta autonomía más libre de España, pero ha bajado al undécimo lugar en 2015. Motivos: estricta regulación a nivel comercial y medioambiental, numerosas trabas administrativas para conseguir una licencia, imposición lingüística, elevada politización del ámbito educativo y de la sociedad civil, escasa solvencia de la Generalitat por sus elevados déficit y deuda, y la fuerte carga impositiva que la convierte en una especie de infierno fiscal dentro del panorama autonómico, siendo la región con más impuestos propios (IRPF más alto en rentas bajas y medias, impuesto íntegro de patrimonio, y gravamen importante a las herencias y donaciones).
  Otra realidad económica es la corrupción en Cataluña, de la que ya he mencionado algunos datos más arriba, limitándome ahora a recomendarte el libro Música celestial del periodista barcelonés Manuel Trallero, donde, a partir del caso Palau, se describen las tramas de latrocinio que implican a cargos políticos y personajes relevantes de la burguesía catalana. Esa amplia red de corrupción ya fue citada por Maragall en sede parlamentaria a CiU en 2005 con el famoso “ustedes tienen un problema y se llama 3%”, sin ninguna consecuencia en aquel momento: había que sacar adelante el nuevo Estatut aunque tuviera que guardarse la basura debajo de la alfombra. Este episodio evoca en mi memoria la película Conspiración de silencio, protagonizada por un Spencer Tracy manco, que al volver mutilado de la II Guerra Mundial fue a un pueblo escondido de los Estados Unidos para entregar a un padre, de origen japonés, una medalla ganada por su hijo, muerto en una batalla donde le había salvado la vida. Al no encontrarlo ni querer decirle nadie –aunque lo sabían- qué había pasado con este padre, al final averigua que se lo habían cargado unos matones xenófobos del pueblo por su origen nipón, puesto que Japón había sido enemigo de los EEUU en la mencionada guerra. Esta omertá siciliana, por acción o por omisión, de los habitantes de este pueblo me recuerda a un cierto sector de la ciudadanía catalana, donde parece que todo el mundo sabía las andanzas de la familia Pujol, pero para la construcción nacional no era conveniente airearlas. El número de casos de corrupción conocidos desde entonces, la mayoría de los cuales afecta a CDC –que tiene su sede embargada y tuvo que cambiar su nombre para despistar-, es interminable (entre otros, Adigsa, Casinos, Innova, ITV, Pallerols, Pretoria, Port Vell, Treball) e indican una corrupción sistémica con un costo estimado para las arcas públicas de 200.000 millones de euros. Así que la pretensión manifestada en su día de que Cataluña era un oasis en España ha resultado ser falsa, como tantas otras cosas que estamos viendo ahora. Su corrupción no tiene nada que envidiar a la de Madrid, Valencia o Andalucía.

LOS DÍAS DEL PAROXISMO
  
Esta larga trayectoria política de deslealtades, mentiras, victimismo impostado, compra de voluntades, subvenciones encubiertas, adoctrinamiento escolar, propaganda engañosa, coacción a los disidentes, corrupción institucional y promesas incumplibles culminó el 6 y 7 de septiembre de 2017 con el espectáculo del Parlament aprobando unas leyes inconstitucionales –del Referéndum y de Transitoriedad Jurídica-  vulnerando el reglamento de la cámara, sin contar con los partidos opositores que se habían ausentado previamente, y en contra de las sentencias del Tribunal Constitucional, de los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias y del letrado de la cámara, constituyendo esta actuación  uno de los hechos más bochornosamente antidemocrático de nuestro Estado de Derecho. Estas resoluciones suponían la conculcación de la Constitución y el Estatut, aprobados ambos en sendos referéndums por el pueblo catalán, sumiendo a Cataluña en la inseguridad jurídica. El mismo día 6 también se aprobó celebrar el referéndum, prohibido legalmente, el 1 de octubre (1-O). 
  A partir de este momento se sucedieron de forma frenética importantes acontecimientos, que espero puedan servir de guion a algún escritor para un thriller o una comedia de enredo, no estoy seguro. Por un lado, los independentistas, ya dispuestos a lo que fuera, impulsaron todos los happenigs del muestrario separatista. El día 11 se celebró la Diada con el lema del referéndum y tres días después se celebró un acto unitario de los independentistas por el comienzo de la campaña del referéndum. Este mismo día la Generalitat dejó de remitir los informes económicos al Gobierno, que estaba obligado a enviar. El 16 Puigdemont y Colau recibieron en la plaza de Sant Jaume a los más de 700 alcaldes investigados por estar dispuestos a ceder locales para el futuro referéndum. El 20 la Guardia Civil detuvo por orden judicial a 14 altos cargos del Govern –entre ellos Jové, el número dos de Junqueras- y se registraron las sedes de los departamentos de Economía, Gobernación, Exteriores y Trabajo, mientras miles de personas se iban concentrando en estas sedes, destrozando los coches de la fuerza pública e impidiendo la salida de los agentes y de la secretaria judicial. En esta algarada desempañaron una función rectora los presidentes de ANC (Sánchez) y Òmnium Cultural (Cuixart), así como el vicepresidente del Govern (Junqueras) y la presidenta del Parlament (Forcadell). 
  El día del referéndum, 1 de octubre, mucha gente acudió a los centros de votación, a pesar de la advertencia de su ilegalidad, produciéndose durante todo el día las escenas desagradables, que ya he comentado anteriormente, donde las fuerzas de orden público –ante la inhibición de los mossos- se vieron incapaces de cumplir la orden judicial de impedir la votación y acabaron regalando a los dirigentes independentistas los documentos visuales que airearon al mundo para tachar al Estado español de opresor. Por este motivo, el día 3 hubo una huelga general convocada por organizaciones catalanas que reunieron en Barcelona a cientos de miles de personas contra la violencia  A pesar del marasmo en el que se desarrolló esta consulta, la Generalitat anunció que había ganado el sí por el 90% de los votos sobre 2,26 millones de electores con un 42,3% de participación. Estos resultados no se pueden tomar en serio por las pocas garantías de todo el proceso referendario y porque a estas alturas, tras la constatación de los numerosos embustes emitidos por esta tropa, su credibilidad es nula. 
  El día 4 Puigdemont anunció que en breves días se iba a producir la independencia de Cataluña. Al día siguiente la Bolsa se desplomó y el Banco Sabadell anunció el traslado de su sede social fuera de Cataluña. Centenares de empresas, entre ellas Caixabank y Gas Natural, harían lo mismo en los días posteriores. Después se ha sabido que los depositantes de los dos Bancos citados habían sacado 6.000 millones de euros de sus cuentas corrientes en estos días. El día 10, en una confusa sesión del Parlament, Puigdemont asumió el “mandato de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de República” pero pidió “suspender los efectos de la declaración de independencia”. Aquí empezó lo que se llama la declaración cuántica de independencia en la que ésta no se sabe exactamente dónde está y su posición teórica viene dada por una función probabilística que sólo Puigdemont conoce. El día 11 Rajoy requirió a Puigdemont para que aclarase oficialmente si había proclamado la independencia, como paso previo a la aplicación de Artículo 155 de la Constitución, que permite intervenir una Autonomía si su Gobierno desobedece la ley. Tras estos acontecimientos, la Comisión Europea llamó al “pleno respeto al orden constitucional español” y los Gobiernos de Alemania, Francia e Italia rechazaron una eventual declaración de independencia, mientras que Rajoy advirtió del impacto económico de la crisis catalana y el FMI se mostró preocupado por la situación. Mientras tanto, la CUP pidió a Puigdemont que levantase la suspensión de la independencia. El 16 el presidente catalán seguía eludiendo contestar a Rajoy sobre su pregunta, y los presidentes de ANC y Òmnium Cultural (Jordi Sánchez y Jordi Cuixart) fueron interrogados y enviados a prisión provisional por la juez Lamela de la Audiencia Nacional, al considerar ésta que eran sospechosos de un delito de sedición y existir riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva si quedaban libres. Al día siguiente salieron a la calle 200.000 personas en Barcelona para protestar por los encarcelamientos de los llamados Jordis denominándolos presos políticos. El 19 Puigdemont contestó a Rajoy que el Parlament no había votado la independencia, pero amenazó que podría hacerlo si el Gobierno central continuaba con la represión. Dos días más tarde, en Barcelona se produjo una gran manifestación independentista y Puigdemont denunció “el peor ataque a las instituciones y al pueblo de Cataluña desde los decretos del dictador militar Franco”. 
  A partir de este momento se sucedieron unos días de enorme confusión en los que Puigdemont dudaba entre declarar la independencia, como le pedían los radicales de la CUP y ERC, o convocar elecciones autonómicas para evitar la intervención del Gobierno central, como le solicitaban algunos de sus colaboradores y gran parte de la sociedad catalana. El día 26 parecía que iba a elegir esta segunda opción, pero las presiones de los hooligans de la política –simbolizadas en el tuit de Rufián “155 monedas de plata” y en los lloriqueos de Rovira- y de los manifestantes de la calle, pudieron más que la amenaza de la intervención del 155, y el día 27 el Parlament aprobó, en votación secreta para no dar la cara y en ausencia de la oposición que se había retirado, una resolución que instaba la constitución de una “república catalana como Estado independiente, soberano, democrático y social”.
  Por el otro lado, las tres ramas del Estado –ejecutivo, legislativo y judicial- fueron actuando en función de los acontecimientos que se iban produciendo en Cataluña, mientras por primera vez en estos años la mayoría silenciosa salió por fin a la calle en Barcelona. El 12 de septiembre el Tribunal Constitucional suspendió las leyes del referéndum y de Transitoriedad aprobadas en el Parlament unos días antes y la Fiscalia de Cataluña ordenó requisar todo el material que fuera a utilizarse en la consulta, labor encomendada a las fuerzas de orden público. Al día siguiente el Fiscal General del Estado ordenó que se citasen como investigados a los alcaldes que iban a ceder locales para el 1-O en sus poblaciones. Ante la desobediencia sobre el envío de los gastos a Hacienda, el día 14 el Gobierno intervino las cuentas autonómicas. El 22 la Audiencia Nacional presentó una denuncia de sedición por los sucesos del día 20 –bloqueo por la muchedumbre de las fuerzas de orden público en la Consejería de Hacienda de la Generalitat-  y al día siguiente el Gobierno central asumió la coordinación de las fuerzas de seguridad en Cataluña. El 27 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó cerrar los locales del referéndum para evitar la votación, como una de las actuaciones llevadas a cabo durante este mes por la Guardia Civil y Policía Nacional para impedir el referéndum del 1-O. 
  El 4 de octubre Felipe VI declaró en un discurso televisado que “el Estado debe asegurar el orden constitucional” y denunció la “deslealtad inadmisible” de los dirigentes catalanes. El día 6 el Gobierno instó a la Generalitat a disolver el Parlament y anunció nuevas elecciones autonómicas, al mismo tiempo que el delegado del Gobierno en Cataluña se disculpó en nombre de las fuerzas de seguridad por los sucesos del 1-O. El día 7 se congregaron en Madrid 50.000 personas contra el independentismo y al día siguiente en Barcelona  se manifestaron –mi mujer y yo estuvimos ahí- un millón de personas por la unidad de España, en lo que considero un hito histórico porque por primera vez la mayoría silenciosa salió a la calle. 
  En vista de la actitud recalcitrante de los independentistas, el 21 Rajoy anunció que pediría al Senado la suspensión del Gobierno catalán y la convocatoria de elecciones autonómicas en un máximo de 6 meses, advertencia que llevó a término el día 27, 45 minutos después de la declaración de independencia de Puigdemont en el Parlament, aprobando el Senado -por 145 votos a favor y 45 en contra- la aplicación del Artículo 155 en Cataluña, y fijando la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado instó una querella criminal por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, contra los miembros destituidos del Govern y los integrantes de la Mesa del Parlament favorables a la declaración de independencia. Los primeros fueron citados en la Audiencia Nacional y los segundos en el Tribunal Supremo por ser aforados, el día 2 de noviembre. El 30 de octubre Puigdemont con seis consejeros de su Gobierno aparecieron huidos en Bruselas para no comparecer, temiendo su encarcelamiento, aunque posteriormente dos de ellos volvieron para declarar con Junqueras y seis consejeros más el 2 de noviembre ante la juez Lamela, que dictó su prisión preventiva incondicional, salvo Viila, que había dimitido el día anterior a la declaración y salió con una fianza. Por otro lado, Forcadell, presidenta del parlamento catalán y cinco miembros de la Mesa que habían conseguido, a petición de sus abogados, un aplazamiento de su comparecencia del 2 al 9, pudieron eludir la prisión preventiva pagando las correspondientes fianzas –que abonó la ANC- tras prometer ceñirse en adelante a la legalidad constitucional y no reincidir en actos contrarios a ella. 
  Posteriormente, el juez Llarena del Tribunal Supremo ha solicitado, y conseguido, asumir todas las investigaciones llevadas a cabo en la Audiencia Nacional contra los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, además de Puigdemont y los 12 exconsejeros de su Gobierno, para unificar la causa. En el escrito de veinte folios documentados que ha enviado la magistrada Lamela al Tribunal Supremo trasladándole el sumario, se describe la actuación combinada de numerosos elementos unidos en el propósito de la secesión con una precisa coordinación interna y un ajustado reparto de roles. Sólo desde esa perspectiva de conjunto, dice, puede entenderse la estructura de una empresa que cometió diversos delitos concurrentes: rebelión, sedición, malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia. Esta atribución de papeles y su actuación coordinada resulta esencial en el desarrollo del proceso. Los líderes de la Generalitat y del Parlament son los autores intelectuales, creadores de una legalidad paralela, ejecutores administrativos y proveedores de dinero, cuyos cabecillas son Puigdemont, Forcadell, Junqueras y los consejeros de su Gobierno. Las asociaciones civiles ANC y Òmnium Cultural son los agentes de desestabilización social encargados de la agitación de masas, de las redes de propaganda y de la extensión de un clima de rechazo antiespañol para favorecer el levantamiento, dirigidas por los dos Jordis. Y los mossos d’esquadra actúan como factor de intimidación y espionaje a las fuerzas de seguridad nacionales y protección del referéndum; 17.000 efectivos armados actuando con la disciplina de un ejército, al mando del mayor Trapero. Posteriormente, hemos visto confirmada esta tesis en la agenda requisada por la Guardia Civil a Jové, donde figuran detalladamente las actuaciones y los protagonistas de la hoja de ruta de este complot. Supongo que Curzio Malaparte podría haber tomado notas para su famoso libro Técnica del golpe de Estado sobre la revolución rusa.
  Hasta que se celebre el juicio con todas las garantías -que son muchas- para la defensa de los acusados, esta es la única verdad del caso, basada en las pruebas que obran en poder de la magistrada, y parece que está acreditado que las personas investigadas no son presos políticos sino políticos presos por delitos graves y que los que están en Bélgica no son exiliados  sino huidos de la justicia. También parece obvio que el Estado español ofrece todas las garantías para que los procedimientos judiciales sean independientes del poder ejecutivo –como demuestra el alto número de políticos del PP procesados- y permitan la defensa de los acusados –acreditado por los numerosos juicios a políticos delincuentes que se hacen interminables al ser la Ley de Enjuiciamiento Criminal tan garantista- en contra de lo que pregona Puigdemont. En este momento sólo quedan cuatro investigados en prisión preventiva incondicional –Junqueras, Forn, Sánchez y Cuixart- por su grado de implicación en los sucesos objeto de investigación penal.
  Las andanzas del expresident y su corte en Bélgica merecen atención aparte. En primer lugar, hay que concederle el acierto del lugar elegido, teniendo en cuenta la profunda división de este país entre valones y flamencos y la ideología ultraderechista y xenófoba de la formación política flamenca heredera del movimiento pronazi que colaboró con el III Reich de Hitler, que lo ampara  y acompañó en la manifestación del pasado día 7 de diciembre en Bruselas. Sus andanzas en Bélgica no pueden ser más patéticas, intentando llamar la atención con su narcisista propaganda, mientras denigra al Estado español, descalifica a la Unión Europea, crea malestar en el Gobierno belga y genera problemas en su propio partido. En la última manifestación del 7 de diciembre, titulada por El País “El separatismo pasea su odio a España por las calles de Bruselas”, varias cosas llamaron mi atención en un reportaje televisivo. De entrada, el hecho de que miles de ciudadanos catalanes viajaran 1.400 km y pasaran frío para apoyar a una persona incapaz de enfrentarse con dignidad a las consecuencias de sus acciones, huido de la justicia dejando a sus compinches en la estacada y que se autodenomina exiliado, mostrando un notable desprecio hacia los verdaderos exiliados que fueron, entre otros, los republicanos que en 1939 tuvieron que abandonar su patria con lo puesto y vagar por el mundo durante años. Fue muy revelador ver en la manifestación a un paisano con pinta de payés diciendo con orgullo indisimulado que los catalanes son del norte, trabajadores y tal, y no como los del sur, que sólo van a los toros y están siempre de cachondeo. Este señor, que me evocaba uno de los personajes ampurdaneses del Quadern gris de Pla se comportaba como un supremacista que desprecia todo lo que desconoce ¿Pero es que nadie le ha dicho a ese señor que en el sur de Cataluña se lo pasan bomba con los toros embolados y demás festejos taurinos? También me impresionó ver las banderas de partidos antieuropeos y xenófobos formando parte del festejo, con un discurso de Puigdemont totalmente alineado con esta gente en su descalificación de la UE, que muestra lo que siempre ha sido: un nacionalista radical tipo Le Pen. En su alocución desafió al presidente de la Comisión Europea a que le dijese si tantos miles de personas eran también delincuentes, cuando es obvio que es a los dictadores totalitarios que en el mundo han sido a los que más vitorean las multitudes. Sobre el franquismo que atribuyó al Gobierno español  me referiré más adelante. La última actuación judicial anulando la euroorden contra él, para evitar que la legislación belga pueda invalidar algunas de las acusaciones, lo convertirá en una especie de holandés errante que no puede volver a su casa porque le espera el trullo. Esta situación la podía haber evitado si el 27 de octubre hubiera tenido el valor y la visión política de seguir el consejo de Urkullu y de sus consejeros más sensatos, convocando elecciones autonómicas en lugar de lo que ahora llaman declaración simbólica de independencia. Pero le perdió ese carácter mesiánico que llegan a tener estos dirigentes y se arrugó ante los irredentistas de la CUP y ERC, unos compañeros de viaje letales.
  De la CUP, heredera del anarquismo y comunismo violentos que arraigaron en Cataluña a principios del siglo pasado sólo puedo decir que va a dar muchos días de pesar a la política catalana porque ya apunta maneras cada vez que no se cumplen sus designios. Y sobre ERC, con una larga vida de 86 años en la política catalana, diré que su trayectoria durante este tiempo no puede ser más negativa. Personajes como Macià y Companys en la Segunda República lo único que consiguieron fueron generar conflictos sin obtener ningún provecho para Cataluña, y menos para España, y en este período democrático ha dado figuras como Carod-Rovira, miembro de un tripartito nefasto, y ahora Junqueras o Rovira, cuyo fanatismo e inconsistencia saltan a la vista. Espero que no consigan alcanzar el poder otra vez porque nos meteremos de nuevo en el día de la marmota.

CONSIDERACIONES FINALES
           
  A través de estas páginas te he intentado mostrar, con argumentos y pruebas a mi alcance, que lo que está sucediendo en Cataluña en estos últimos años es extraordinariamente grave por la actuación de los nacionalistas -después devenidos secesionistas- tanto desde el punto de vista político como moral, cuyos resultados, en contra de lo que anunciaban, se vislumbran catastróficos. Está demostrado que desde hace muchos años existe un plan para separar a Cataluña de España cuando llegara el momento adecuado, y parece, según sus estrategas, que esta ocasión se dio hace cinco años por el hartazgo de los ciudadanos catalanes debido a los recortes de la crisis. Durante estos cinco años las muestras de hostilidad hacia España han sido furibundas con las más variadas excusas victimistas, utilizando todos los medios legales o ilegales descritos más arriba para conseguir la desafección de la población, apoyándose en el protagonismo de los dirigentes más radicales y en las directrices de la CUP insurgente. 
  El proces ha convertido a Cataluña en un deja vu para los que tenemos algunos años a nuestras espaldas, pues me recuerda a un régimen anterior que hemos vivido, en el que los Països Catalans han sustituido a España “como unidad de destino en lo universal”; las grandes concentraciones para aclamar al líder carismático en la plaza de Oriente se han trasladado a la plaza de Sant Jaume; las demostraciones sindicales de coros y danzas del 1 de mayo se han pasado al 11 de septiembre; el aguilucho de la bandera española se ha convertido en una estrella en la senyera; la Formación del Espíritu Nacional sigue vigente en l’escola catalana; la prensa, radio y televisión catalanas exaltan a la patria como antes lo hacían la Radio Nacional de España y los periódicos Arriba y El Alcázar; el contubernio judeomasónico y la pérfida Albión se han transmutado en la artera confabulación del Estado opresor; el himno de Els Segadors emula en belicismo al Cara al sol; y el ominoso estigma de antiespañol si no mostrabas tu adhesión al Glorioso Movimiento Nacional se ha tornado en el de anticatalán si no comulgas con el ideario soberanista. Es lamentable que tras una Transición en la que queríamos pasar del empacho de la nación a construir un Estado que nos tratara a todos como ciudadanos libres e iguales sin exclusiones esencialistas, volvamos ahora, en un bucle infernal, al concepto de nación identitaria que habíamos abominado durante 40 años. Cuando los independentistas dicen que España es franquista, están proyectando sobre los españoles sus miserias totalitarias, en un ejercicio de cinismo repetido, porque, generalmente, todas las descalificaciones que hacen son el reflejo de ellos en un espejo. Su método dialéctico consiste en intentar engañar a ver si cuela, y cuando no cuela, descalificar al contrario inventándose maldades, con esa superioridad moral impostada que les ha debido conferir alguna divinidad.
  En La pasión secesionista Tobeña defiende que los independentistas no están locos ni alienados sino enamorados del ideal de la república perfecta, habitada por individuos perfectos, y como les sucede a todos los enamorados, son inmunes a los razonamientos. Puede ser, porque esta hipótesis podría explicar el hecho de que a pesar del fiasco del camino hacia la independencia, en el que se ha comprobado que los soberanistas no estaban preparados con sus estructuras paralelas, que las empresas han huido como alma que lleva el diablo, que la economía se ha resentido reduciéndose las ventas y aumentando el paro, que Europa no quiere ni oír hablar de un nou Estat, que han actuado con notable deshonestidad en muchas ocasiones, que han desprestigiado a Cataluña en el mundo, y que estos dirigentes de la independencia low cost se rajan a la primera de cambio, en las encuestas sobre el 21-D sigan sacando más o menos los mismos votos que tienen ahora. Se ve que a estos enamorados les va la marcha. Pero sobre la teoría del enamoramiento yo añadiría que el otro motor emocional de los secesionistas es la inquina hacia España, inculcada desde la infancia y alimentada durante la juventud y madurez por la potente máquina de aleccionamiento y propaganda al servicio del régimen. 
  Por este motivo, esa petición de respeto al sentiment, sea este transmitido por la familia de generación en generación, se apoye en mitos inventados, proceda del contagio de la mayoría o derive de un lavado de cerebro propagandístico -me da lo mismo- no me parece que sea respetable en cualquier circunstancia. Respeto a las personas, pero no tengo por qué respetar sus emociones. Teniendo en cuenta que los sentimientos engendran convicciones y deseos que, a su vez, son órdenes de acción. ¿Cómo no vamos a poder enjuiciar la consistencia de tales intenciones, las medidas públicas que de ahí se derivan y los derechos que se consagran? Es evidente que el dictamen sobre la justicia o injusticia del proces soberanista variarán según las creencias del sujeto. En ese caso, ¿Cómo superar el relativismo ante las pasiones en liza si no entramos a dilucidar con argumentos racionales lo fundado o infundado de ellas? Para un nacionalista nada cuenta el peso de las razones ni nada puede la deliberación racional contra la liberación nacional. Sabiendo que estos irreductibles del sentimiento son inmunes a las razones, me da igual si alguien es adorador del sol o se cree Supermán, pero rechazo que me obligue a seguir sus convicciones y exijo que cumpla la ley, que es la que nos separa de la selva. 
  La Constitución vigente en España encarna unos valores compartidos de solidaridad, libertad e igualdad  en un Estado social y democrático de derecho, inspirado en lo que se denomina “patriotismo constitucional”, un término acuñado por el alemán Habermas para superar el nacionalismo identitario del Tercer Reich. Esta nueva identidad -que complementa la de  los sentimientos que cada ciudadano pueda tener de su entorno más íntimo relacionado con su cultura, tradiciones y relación social- encarna el compromiso de los ciudadanos con unos valores universalistas relacionadas con los derechos humanos y la ilustración y sirve para unir a todos los españoles en un proyecto común superando las diferentes tendencias sociales y políticas existentes. Lo mismo que se pretende hacer en la Unión Europea para superar antiguos conflictos.   
  Además de los soberanistas del sentiment ancestral hay otros que se han unido a la causa por motivaciones diferentes. En primer lugar los que tienen algo que ganar, que están ahí porque han conseguido que sea su modus vivendi y no quieren perder el momio. Aquí se juntan tanto los beneficiados por los presupuestos de la Administración autonómica (el pesebre) –políticos, gestores públicos de los entes autonómicos, proveedores de confianza, empresas y sociedades civiles subvencionadas, medios de comunicación afines, etc.- como personajes de las élites catalanas que desean tener todo el poder de un Estado para hacer y deshacer a su antojo. Sobre este colectivo de individuos interesados por el poder o el dinero no hay argumentos que valgan, defenderán lo que les convenga con independencia de la razón o la ética. 
  Por último tenemos el grupo de los soberanistas que, de buena fe, se han creído las promesas de una vida mejor separados de España y que, además, esta separación se iba a conseguir fácilmente y con un costo mínimo. Lo que yo llamo la independencia low cost. Los dirigentes de esta ensoñación habían vendido que, con su habilidad y astucia, iban a burlar al Estado que se tendría que rendir ante ellos, pero resulta que todo era una ensoñación tipo cuento de la lechera, acompañada de engaños y ocultación de la verdad. Como he intentado demostrar en las páginas anteriores, ni eran ciertos los hechos que, supuestamente, justificaban los agravios históricos de España, ni ésta roba a Cataluña, ni existe el derecho a decidir, ni se ajustan a la realidad los nuevos conceptos y palabras que manejan para mantener la llama del victimismo encendida, ni son gestores eficientes, ni era verdad que Europa iba a recibir a Cataluña con los brazos abiertos, ni tampoco que las empresas se iban a pegar para asentarse en una Cataluña idílica -donde las ventas iban a subir y el paro a bajar- y terminarían siendo felices y comiendo perdices. Tampoco, en vista de lo anterior, habrá que creer que el Barça seguirá jugando la Liga española o que se lo van a rifar para que juegue en las mejores Ligas europeas. A cambio de esto, lo que se ha constatado es que ha habido una gran confabulación de los capitostes independentistas -con un plan elaborado desde la llegada de Pujol a la Generalitat en 1980- mediante la ocupación de todos los resortes del poder autonómico, que han embarcado a toda la población catalana en una aventura de incalculables consecuencias negativas en términos económicos, sociales y de credibilidad, con el propósito de distraer la atención sobre su mala gestión y sus problemas con la justicia, mediante un truco tan viejo como el mundo: señalar un chivo expiatorio al que culpar de todos los males imaginables.
  Sólo me queda desear que los ciudadanos catalanes que no se han creído las patrañas nacionalistas y han resistido el ambiente asfixiante de exaltación propia y victimismo antiespañol, estén orgullosos de su sentimiento compartido entre España y Cataluña mostrando con naturalidad lo que son: ciudadanos comprometidos con la Constitución española y el Estatut catalán, cumplidores de nuestras leyes y opuestos al pensamiento único, que lo único que desean es vivir en paz y unidos en la diversidad. Espero que el próximo 21 diciembre vayan todos a votar para salir de esta pesadilla.
  Querido amigo, este ha sido mi relato, que te ofrezco con todo mi cariño. No sé en cuál de estos grupos te reconoces, pero si es en este último me alegro mucho y si no lo es me resignaré, y podrás contar, como siempre, con mi sincera amistad. Un fuerte abrazo.

José Luis Villa
Diciembre de 2017