Violencia y salida

Las elecciones presidenciales dejaron un panorama desolador y preocupante, como suele suceder cuando, en una situación fuertemente polarizada, el resultado electoral es muy cerrado. De acuerdo a las cifras de un Consejo  Electoral  muy poco imparcial, Maduro superó a Caprilespor poco más del 1%. Recordemos, además, que las elecciones  se dan  en el medio de un obsceno ventajismo gobiernista, la expulsión a mano armada de los testigos de la oposición en muchos centros electorales, voto asistido ilegal masivo, voto múltiple, amenaza a  los empleados públicos, pensionados y dependientes del Estado en general, la ilegal y descarada utilización sin escrúpulos, ni control alguno del dinero y de todas las instituciones del Estado central y regional, el control hegemónico de la mayor parte de los medios de comunicación y la intimidación de los escasos medios independientes residuales. En estas condiciones, era lógico que la oposición solicitara un reconteo técnicamente aceptable de los votos. Maduro, en un primer momento, lo aceptó sólo para desmentirse después. Frente a la impugnación del resultado por parte de Capriles, legalmente permitida,  la reacción del oficialismo ha sido quitarle el sueldo y el derecho de palabra a los parlamentarios de la oposición y el presupuesto a la gobernación de Capriles. Para colmo, frente a la protesta pacífica, con pitos y una pancarta, de los parlamentarios democráticos, por haberle cercenado el derecho inalienable de expresarse en el ejercicio de sus funciones,  los mismos, incluyendo diputadas, fueron agredidos con violencia  salvaje, frente a la sonrisa burlona del teniente golpista Cabello, presidente(sic) del Parlamento. Es evidente que, con la ausencia del carisma de Chávez y el descalabro electoral de haber perdido, en pocas semanas, según sus propios cómputos, 10 puntos porcentuales, el oficialismo ha decidido incrementar la represión  de la oposición. La violencia física en el Parlamento y en la calle, viene acompañada del terrorismo judicial, la violencia verbal, el irrespeto y la deshumanización del adversario.

En la Italia fascista, la violencia y la intimidación contra los opositores en la calle era obra de las tristemente famosas “squadre”, grupos de facinerosos en camisa negra, manejados por el jerarca fascista Farinacci, en Venezuela se llaman “colectivos”, la camisa es roja y manejan moto. En 1924, Mussolini  dio un discurso muy agresivo y violento en el Parlamento contra el diputado opositor Giacomo Matteotti. La violencia verbal de Mussolini, convenció a algunos miembros de las “squadre” de que había que darle una “lección”, lo secuestraron y lo asesinaron. En efecto, la violencia verbal de los líderes es un arma. Es obvio que en Venezuela es el propio régimen que fomenta la violencia, con el objetivo de intimidar a la oposición.Por otro lado,  dada la grave situación económica, caracterizada por el desabastecimiento creciente, inflación y recesión, el gobierno Maduro ha decidido moderar su estatismo y tratar de  mejorar sus relaciones con el sector privado, la salida del ministerio de finanzas del ideólogo neocomunista Giordani y su sustitución por el “prágmático” Merentes  es un indicio evidente. Represión en lo político y moderación económica táctica sintetizan la estrategia oficialista.

Aunque es muy probable que la Alternativa Democrática en una elección limpia y libre lograría una mayoría, hay que reconocer que Venezuela, “por ahora”, está partida en dos partes,  más o menos equivalentes. La incomunicación, el desconocimiento  y el irrespeto entre las partes, aunque algunos son más culpables que otros,  están creando una situación peligrosa, que recuerda desgraciadamente, “mutatis mutandis”, a la España de 1936 y al Chile de 1973.Las personas razonables de ambas partes deben hacer un esfuerzo para  lograr entablar un diálogo que busque una salida sensata al callejón sin salida en el cual estamos ingresando. Personalidades e instituciones nacionales e internacionales, con “auctoritas” y prestigio, deben promover ese diálogo.  En la comunidad internacional, gobiernos como el de Brasil, México y Colombia, la Santa Sede, la OEA, UNASUR, la CELAC y MERCOSUR tienen una responsabilidad particular.