La familia que se opone a una planta fotovoltaica para proteger un yacimiento en Córdoba
María Ruspoli Solís-Beaumont trata de frenar un proyecto de renovables que quiere quedarse con el campo por expropiación forzosa.
María Ruspoli Solís-Beaumont llevaba una vida tranquila pero, desde 2018, está envuelta en un litigio que le ha costado más de un susto. El motivo es un proyecto de planta fotovoltaica en la campiña cordobesa que amenaza con expropiar unos terrenos de su familia y, según denuncia, destruir un yacimiento arqueológico romano.
La historia de esta familia es una más en el avance de las renovables en la España vaciada. Una alternativa que, en apariencia, señala el futuro del campo español y que promete ingresos a quienes lo habitan y trabajan. Pero también tiene sus víctimas: agricultores y propietarios como Ruspoli Solís-Beaumont que se ven indefensos y expulsados de sus tierras sin recibir un precio justo en aras de un bien mayor para la comunidad.
El caso se remonta a 2017. La sociedad Utrilla Hive se constituyó entonces para la construcción y explotación de un proyecto de 28 megavatios en el término municipal de Espejo (Córdoba). Allí se encuentran dos fincas de agricultura de secano administradas por El Salobral S.A. y Montebaños S.A. La Casa de Osuna, a la que pertenece la familia de María Ruspoli, es la histórica propietaria de las fincas, participando ella en ambas empresas.
Antes de esto, en 2015, El Salobral arrendó para otro proyecto ya construido, más de 80 hectáreas a la mercantil el Salobral Hive, pero hay otros 4.000 metros cuadrados que son el centro de la polémica, más otras 75 hectaréas pertenecientes a Montebaños, S.A.
Utrilla Hive se puso en contacto en 2018 con la propiedad para la obtención de esta nueva parte de los terrenos, que afectan a tres fincas de las mercantiles citadas, y que requieren para construir otro campo de placas solares. Sin embargo, en 2018, Utrilla Hive solicitó la Declaración de Utilidad Pública, con el objetivo de obtener los terrenos a precio, “prácticamente de catastro”, según dice la familia.
“Te declaran una utilidad pública (DUP) por un supuesto interés público en la construcción de instalaciones de energía renovable, y mientras que se priva de su modo de vida a muchos agricultores, a los que estás haciendo ricos es a los intermediarios y a los que desarrollan los proyectos. Para enriquecerse unos, lo que hacen es expropiar los terrenos a otros a precio prácticamente de catastro, arruinando la agricultura”, denuncia la propiedad.
Si el precio de mercado por hectaréa en la campiña ronda los 1.800 euros, con la DUP los promotores se pueden hacer con la propiedad a precios de hasta cinco veces menos, perdiendo los propietarios la posibilidad de arrendar sus tierras, viéndose obligados a transmitirlas a precios muy por debajo del valor de mercado.
“En 2018 solicitaron la DUP, cuando, supuestamente, estaban negociando con nosotros, y mantuvieron esta farsa hasta su obtención. Obviamente, no se habían agotado las vías de negociación cuando presentaron la DUP porque, de hecho, ni se habían iniciado, ni hemos recibido una oferta en firme, ni de alquiler ni de compra", dice un asesor legal de los propietarios en conversación con este periódico.
"La expropiación forzosa -explica- ha de sujetarse a los principios de proporcionalidad y necesidad, sólo puede ser utilizada cuando la empresa promotora del proyecto no puede obtener la disponibilidad de los terrenos mediante otros medios, es decir, a través de un acuerdo con los propietarios. Además, la expropiación ha de recaer sobre los terrenos estrictamente necesarios para la ejecución de la planta".
En este caso, Utrilla Hive utilizó la expropiación como primer recurso, no como último, para obtener los terrenos a un precio inferior al de mercado. "Declarada la Utilidad Pública, el propietario pierde toda capacidad de negociación: o se aceptan las condiciones impuestas por Hive, o se continúa la expropiación. Y señaló como expropiables, sin motivo ni razón, todos los terrenos que tuvo por conveniente", dice la propiedad.
La familia impugnó la DUP ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, solicitando cautelarmente su suspensión: “El TSJA puede que se pronuncie en un año, pero la planta puede estar construida en seis meses”, lamenta la propiedad, ante la licencia de obras que ya ha concedido el Ayuntamiento de Espejo.
La empresa, sin embargo, se defiende señalando que lo que hizo fue legal, y que la DUP está contemplada como ellos la solicitaron.
“Nunca nos hemos negado a negociar. El Salobral ya arrienda 80 hectáreas a Hive y Montebaños hace lo propio con otras 100 para un proyecto de hidrógeno verde recientemente firmado. Lo que queremos es que se respete la ley, nuestro derecho de propiedad y el patrimonio cultural que hay en las tres fincas afectadas ”, prosiguen los dueños.
Yacimiento arqueológico
En particular, la familia reclama que se proteja el patrimonio arqueológico que existe en las fincas. Estas se extienden por la que fuera la antigua villa romana de Uccubi, un importante enclave del imperio en la península, de donde es originaria, entre otras, la familia del emperador Marco Aurelio.
A lo largo de los años, se han hallado restos pertenecientes a la villa, catalogados por el Museo Arqueológico de Córdoba. Es el caso de una rueda de molino o de un reloj solar que se encontró en noviembre del año pasado, y que se reportó en marzo de este año. Solo existen 30 relojes así en toda España y este es único por su buen estado de conservación. Ante las evidencias patrimoniales, la DUP requería de un informe arqueológico que Utrilla Hive encargó la arqueóloga Francisca Casado.
Según indica la propiedad, el informe arqueológico contuvo importantes irregularidades: se hizo solo sobre parte de las fincas expropiadas, excluyendo las fincas donde más restos arqueológicos existen; aportó fotografías de las fincas que no se correspondían con la fecha del informe; señaló que en el momento de su visita a la finca la visibilidad del terreno era óptima por no existir cultivo, cuando la finca estaba sembrada de trigo crecido hasta un metro; y utilizó como miembro del equipo arqueológico al propio Ángel Pavón, ingeniero autor del proyecto y representante de Utrilla Hive.
Casado señaló que no había restos de importantes en la zona donde debía extenderse la planta fotovoltaica, declarando un resultado negativo cuando, durante el informe, se cita la importancia de la zona en restos romanos. Según la propiedad, “hubo una presunta falsificación”, razón por la que los hechos fueron denunciados, dando lugar a unas Diligencias Previas que se tramitan en el Juzgado de Instrucción nº8 de Córdoba.
Tras este informe, al aflorar el reloj solar y la rueda de molino durante trabajos agrícolas en zonas de la finca colindantes con el proyecto, la propiedad pidió un estudio a la empresa Arqueología y Gestíon, S.L., la cual, tras el mismo, delimitó la existencia de, al menos dos yacimientos en las fincas afectadas. Estos fueron puestos en conocimiento de las autoridades y el hallazgo sirvió como base para recurrir y denunciar las incongruencias del informe elaborado por Francisca Casado, a instancia de la empresa promotora del proyecto.
Ante esta información, y las denuncias presentadas por la propiedad, el Departamento de Cultura pidió una prospección con sondeo como requisito para iniciar las obras. La prospección corrió a cuenta de Utrilla Hive, que contrató al arqueólogo Antonio Criado Algaba, responsable de la empresa Salsum.
Criado ejecutó en una primera zona de la parcela 2 hasta 18 catas (prospecciones con retroexcavadora), donde habían aparecido los nuevos restos. Lo mismo hizo en la segunda zona de la parcela 2, con cuatro catas. Pero, igual que el primer informe arqueológico, de nuevo dejó al margen de las catas las parcelas donde mayor acumulación de restos existen, apreciables a simple vista, explicando de que no se verían afectadas por el proyecto, "cuando lo cierto que también han sido expropiadas", dice el asesor legal de la propiedad.
El resultado del informe de Criado fue el mismo: sí que había restos arqueológicos, pero de menor importancia a los que, en todo caso, la construcción de la planta no afectaría a su conservación. “Las placas solares apenas dañan ese terreno. Los restos encontrados se pueden tapar con tierra y se pueden conservar perfectamente”, explica Criado en conversación con EL ESPAÑOL.
Según él, no encontró nada relevante. Todas las catas tuvieron un resultado negativo, lo que llevó a concluir a Criado que los restos encontrados por la propiedad habían sido emplazados allí con el propósito de obstruir la obra. Para Criado está claro: fueron colocadas. El arqueólogo añade que el principal yacimiento de la finca se encuentra cerca del cortijo de la misma, el cual está separado 500 metros de la zona de construcción de la fotovoltaica.
Sin embargo, el Museo Arqueológico de Córdoba, que ostenta la cusodia de de las piezas arqueoógicas encontradas, se pronunció de manera contraria. En su informe de 30 de julio de 2021, dijo, refiriéndose al reloj solar y a la piedra de molino encontrados en las fincas, que “no existen evidencias que indiquen una manipulación de los objetos en cuestión. Todo parece indicar que los objetos han sido extraídos de su lugar de deposición original”.
El propio Museo Provincial de Córdoba aconseja en este informe de 30 de julio de 2021 la realización de un estudio geomagnético de las fincas, con el fin de detectar los yacimientos arqueológicos existentes: “Para resolver y aclarar dudas se aconseja la realización de una prospección geomagéntica de la zona donde fueron recuperados para así poder determinar la existencia de estructuras arqueológicas bajo la superficie, donde poder contextualizar tanto el reloj de sol como la piedra de molino".
La propiedad, con base en este informe, niega las conclusiones de Criado. “Nos acusaron de ponerlo nosotros para obstruir la DUP. El Museo Arqueológico remitió al juzgado que no existen evidencias que indiquen una manipulación de los objetos. Pero, para resolver y aclarar dudas aconsejó una prospección geomagnética de las zonas de donde fueron recuperados, y eso es lo que pedimos que se haga”, dice el asesor legal de la propiedad.
Además, la propiedad sostiene que, al haber hecho Criado la prospección con una retroexcavadora, pudo dañar los restos que allí se encontraban. Criado lo niega: “La retroexcavadora puede destruir algún resto, pero si eso pasa, se quedan en los perfiles”.
El informe de Criado, sin embargo, fue dado por válido por la Delegación de Cultura de la Junta. Una actuación, sin embargo, que según la propiedad estuvo "cuajada de irregularidades". "Se nombró como inspector de Alejandro Ibáñez, amigo de Criado, faltaba el libro diario de la prospección, la autorización de la propiedad y el seguro de responsabilidad civil obligatorio. Por estas razones hemos impugnado la finalización de esta actuación arqueológica", señalan.
Conflicto de intereses
El proyecto de Espejo lo desarrolló el ingeniero Ángel Pavón, propietario de la empresa de renovables Solice Energy S.L. Este, a su vez, vendió el proyecto a la energética británica Hive Energy, a partir de la cual se constituyó Utrilla Hive. El último eslabón de la cadena es el fondo de pensiones alemán Luxcara, que compró Utrilla Hive con los fondos de sus clientes para explotar los rendimientos de la planta.
Para la propiedad de las fincas, Pavón, que en privado niega cualquier relación con Utrilla Hive, diciendo que simplemente es propietario de la empresa que redactó el proyecto es, según demuestra la propiedad, el representante de Utrilla Hive para la obtención de todos los permisos y autorizaciones. "En tal condición procura acopiar apoyo institucional a la construcción de la planta", resume el asesor legal de la familia.
“El concejal de Urbanismo de Espejo, Francisco Javier Puertas Gracia, que participó en la aprobación de la DUP, por lo que algunas personas nos han informado, ha trabajado como ingeniero con Pavón. Participó en la elaboración del proyecto solar y hay otro proyecto que ha sido aprobado por el Ayuntamiento de Espejo, que se llama El Tejar, en el que Puertas ha pasado a ser empleado de esa empresa como operario de planta”, denuncia por su parte la propiedad.
Este periódico ha comprobado estas relaciones y son ciertas. EL ESPAÑOL también ha hablado con Pavón, que ha remitido que todo está en los tribunales. “Mi única implicación es como ingeniero desarrollador del proyecto para una empresa, Utrilla Hive, y se ha hecho todo según la ley”, aclara.
Por otro lado, los propietarios también señalan las relaciones de los arqueólogos que realizaron los informes: “Francisca Casado trabajaba por obra y servicio en el Ayuntamiento de Espejo en el 2018. En el 2020 sigue en el ayuntamiento. Ha sido secretaria del PSOE y concejala de Cultura en la época del anterior alcalde".
Según ella reconoció ante la jueza, no llegó a cobrar el informe arqueológico y, cuando se le encargó "todo estaba hablado con Ángel Pavón y con Alejandro Ibáñez, arqueólogo de la Delegación de Cultura de Córdoba", dice la propiedad, citando declaraciones de la propia Pavón ante el Tribunal.
También señalan a Criado, el arqueólogo contratado por Utrilla Hive: “Es amigo de Alejandro Ibáñez. Criado, además, fue concejal del PSOE de Castro del Río, el pueblo vecino a Espejo, y también conoce a Francisca Casado. No son informes independientes”. Criado reconoce estas afiliaciones, pero argumenta que no tiene nada que esconder: “En el pequeño mundo de la arqueología en Andalucía, todos nos conocemos”.
Recientemente, el Ayuntamiento de Espejo, a quien la construcción de la planta generará importantes ingresos tributairios, ha otorgado licencia de obras, que también será recurrida por la familia, en atención a las numerosas irregularidades urbanísticas del proyecto.
Por su parte, el alcalde de la localidad, Florentino Santos, del PSOE, dice lo siguiente, en conversación telefónica con este periódico: “Es la Junta quien autoriza la DUP amparada en la ley de energía renovable, nosotros no tenemos nada que ver, aunque obviamente tenemos interés en un proyecto así para el pueblo. El concejal de Urbanismo no ha participado en esa declaración, que no se ha sometido a plenario del ayuntamiento. Nos ponen a nosotros a los pies de los caballos”.
Una amenaza sospechosa
En medio de este interminable culebrón judicial, María Ruspoli denunció el verano pasado un sabotaje de su vehículo que pretendía dejarla sin frenos en un viaje de su residencia de verano en la provincia de Cádiz a Madrid. Nunca emprendió el viaje, porque se dio cuenta antes, con sus hijos pequeños dentro del coche. Este no podía frenar. Lo llevó al taller y el mecánico le comunicó que, en toda su vida en el oficio, jamás había visto un fallo de esas características y que era intencionado: cortaron y manipularon los fusibles del coche, para que quien lo condujese perdiera el control del mismo y solo poder frenar con el freno de mano.
Ruspoli, asustada, denunció los hechos en la comisaría de la Policía Nacional de Pío XII en Madrid. Allí le preguntaron si tenía enemigos, a lo que ella respondió que no. Siempre había tenido una vida anónima y tranquila hasta que entró en la pelea judicial por los terrenos de Espejo. Aunque no cuenta con pruebas, Ruspoli sospecha que su resistencia a ceder los terrenos en las condiciones actuales pueda tener una relación con la manipulación de su coche para dejarlo sin frenos. La policía todavía lo investiga.
“Lo que estamos viviendo es una extorsión en toda regla. No solo el ayuntamiento es juez y parte, a nuestro juicio, al ser el beneficiario de la reclasificación de los terrenos, sino que están favoreciendo a una empresa extranjera y son personas cercanas al alcalde y al PSOE los que realizan los informes y nos acusan de oponernos al desarrollo”, explica la propiedad.
Ellos defienden que su postura es la contraria: "Se acaban de arrendar cerca de 120 hectares para un proyecto de hidrógeno verde, y el Salobral tiene cerca de noventa hectáreas arrendadas a otro parque, propiedad también de Luxcara, por lo que no entendemos nada de lo que está ocurriendo, cuando nuestra voluntad ha sido siempre negociadora. Salvaguardando el patrimonio histórico de las fincas, tenemos firme intención de arrendar los terrenos necesarios sin perder la propiedad de los mismos, y menos a precios fuera de mercado", declaran.
“Hemos intentado hablar con todos para llegar a soluciones de consenso. Pero como ya consiguieron la DUP en 2018, lo que quieren es quedarse vía expropiación y a dos perras los terrenos. Hacen una utilización maniquea de esa figura en su beneficio”, concluye.
